La UPC de San Sebastián, en el centro de Quito, fue reconstruida por los vecinos. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
Los daños a las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) quedaron registrados en fotos y videos. En las imágenes se observan ventanas rotas, restos de muebles desperdigados, lavamanos destrozados y cuartos quemados durante las manifestaciones de octubre del año pasado. Las grabaciones son parte de las indagaciones que la Fiscalía abrió en el país.
En una se observan los daños registrados en una UPC de Carapungo, un barrio del norte quiteño. Al interior se ven las manchas de hollín negro impregnadas en el techo y en las paredes. En el piso están desperdigados pedazos de vidrio trizados. En otros videos se ve cómo lanzan proyectiles en contra de una oficina policial vía a Marianas, también en el norte. Estas UPC fueron destruidas el 12 de octubre, uno de los días con más confrontaciones.
El policía Christian Punina cuenta que hubo encapuchados que buscaban inhabilitar estos centros. Durante las manifestaciones, él trabajó en el Distrito Calderón. Recuerda que desde el 7 hubo una primera “respuesta violenta” tras la captura de 27 manifestantes que habían generado desmanes. Por esas agresiones, los comandantes ordenaron trasladar las computadoras de las UPC cercanas hacia el Distrito Calderón, que es una base policial con más seguridades.
Policías motorizados atendieron en la mañana una alerta del cierre de la Panamericana, que une a Quito con el norte del país. Al menos 50 agentes fueron retenidos en el sector de San Miguel del Común, también en Calderón.
Punina, al igual que los policías Jonathan Calero y María José Baque, cuenta que fueron vejados y golpeados con objetos contundentes. Sus denuncias están en la Fiscalía. Los manifestantes quemaron las 15 motos con las que llegaron al lugar. Recuerdan que por la radio policial escuchaban que las sedes de la Policía comunitaria eran quemadas una a una. En la noche, cuando fueron rescatados por equipos tácticos de la Policía y el Ejército, vieron el grado de destrucción.
En la Fiscalía también constan los expedientes de las UPC quemadas a escala nacional.
Según un informe de la Policía, resultaron afectadas 41. Solo en Quito se destruyeron 28 durante los 11 días de enfrentamientos. Tres más fueron destruidas en el resto de cantones de Pichincha.
Geovanny Cevallos, presidente del barrio, indica que esos días “miles de personas” se manifestaron en las calles. Señala que los moradores no fueron los responsables de los daños, sino personas que tenían el rostro cubierto.
El ataque a las UPC está dentro de las 112 denuncias por daño a bien ajeno que tramita la Fiscalía. La mayoría está en indagación previa. Este delito está sancionado en el Código Penal (art.204) y sanciona con hasta tres años de prisión.
Otras 10 UPC fueron afectadas por los incidentes en Guayas, Cotopaxi, Sucumbíos, entre otras.
Por ejemplo, en Guayaquil se investiga la destrucción de una Unidad en la Isla Trinitaria, sobre la avenida Perimetral y otra en la Cooperativa San Francisco. En el Puerto Principal se registraron incidentes el 3 de octubre. Según los reportes de entonces, grupos de encapuchados atacaron a comercios de la zona y a vehículos que transitaban por el lugar.
La Fiscalía indaga si esos grupos se organizaron para atacar la infraestructura policial.
En Cotopaxi existen dos expedientes abiertos por los daños a dos unidades; una queda en Pujilí. De las 42 edificaciones afectadas en el país, 33 han sido rehabilitadas. La mayoría (25) fue levantada por Constructores Positivos, un colectivo que agrupa a ingenieros, arquitectos y proveedores.
La última obra se entregó el 7 de octubre último. Se trató de la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) en la 24 de mayo.
Los vecinos señalaron que una parte de esas instalaciones se quemó la noche del 7 de octubre del año pasado.