UPC abandonadas son foco de inseguridad en barrios

En la cuarta etapa de Carapungo, la UPC está abandonada. Tiene las ventanas rotas y las paredes cuarteadas. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

En la cuarta etapa de Carapungo, la UPC está abandonada. Tiene las ventanas rotas y las paredes cuarteadas. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

En la cuarta etapa de Carapungo, la UPC está abandonada. Tiene las ventanas rotas y las paredes cuarteadas. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Esa casona abandonada, de ventanas rotas y paredes cuarteadas, llena de maleza y con bloques regados en el patio fue, hasta inicios del año pasado, el lugar más seguro de la cuarta etapa de Carapungo.

Allí funcionaba la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), pero hoy no es más que una edificación vacía que sirve de escondite a maleantes y de hogar a gente que no tiene casa.

La UPC se ubica en el centro de un parque lineal donde, según los moradores, los robos y asaltos son diarios. Rosa Chalá trabaja en el sector desde hace 14 años y asegura que desde que los policías dejaron el lugar la zona se volvió insegura.

Desde su puesto de venta de cañas ha observado cómo arranchan celulares, abren carteras y amenazan a transeúntes. Los patrullajes -dice- son insuficientes. El problema de esa UPC es que se está hundiendo, por eso la desocuparon y los policías se trasladaron a otra edificación.

Esta no es la única unidad en esas condiciones. En Quito hay 280 UPC, de las cuales al menos 12 están fuera de funcionamiento. Según informó el Ministerio del Interior, el 26 de junio pasado, siete de ellas se cerraron porque en los subcircuitos existía más de una UPC, y cinco estaban en malas condiciones o en predios que no pertenecen a la Policía.

Justamente, por esa razón se cerró una de las dos UPC que funcionaban en La Florida. Los vecinos aseguran que hace falta más control y la reapertura del lugar. Ramiro Merizalde, presidente del barrio, dice haber dialogado con los uniformados, quienes le comentaron que no tienen la capacidad de personal para que funcionen las dos UPC de la zona. José Villarruel, jefe de Policía del Circuito Aeropuerto, advierte que el personal no es insuficiente, porque trabajan con un modelo de gestión que cubre todo el subcircuito y porque el patrullaje es permanente.

Algo similar ocurre en el populoso barrio de La Bota (norte), donde una UPC de unos 90 m² sirve de oficina a 25 uniformados quienes trabajan en distintos turnos. Ellos dan seguridad al sector. Son cuatro calles principales que se extienden a lo largo de 35 cuadras.

La UPC funciona allí desde hace unos 20 años. Tiene dos cuartos, un baño y una pequeña sala donde hay un escritorio con una computadora. Cuentan con dos patrulleros y una moto. Los patrullajes se hacen en vehículos y a pie.

Blanca Benavídez, presidenta de La Bota, donde viven más de 15 000 personas, cuenta que el barrio necesita más seguridad. Los principales problemas tienen que ver con la drogadicción, el alcoholismo y los asaltos. Las calles más inseguras son la Odilo Aguilar y la San Antonio, sectores donde la Policía sí realiza patrullajes, pero son insuficientes.

Con insistencia repite que el número de policías no es suficiente para el tamaño del barrio, y que muchas veces cuando la gente va a las oficinas a pedir ayuda, no existen policías, o si hay uno, no puede abandonar el lugar.

Más al norte, en la Pisulí, donde viven unas 15 000 personas, la situación es similar. Juvenal Andrade, presidente de la comunidad, cuenta que en el barrio hay una UPC, pero siempre está cerrada, porque hace 10 años cambiaron la dinámica, y hoy la UPC que funciona en La Roldós controla también su barrio. Señala que hace 15 días se reunieron con los oficiales del circuito, quienes contaron que no tenían suficiente personal. La comunidad se comprometió a mapear las zonas inseguras y así lo hicieron. Entregaron esa información a la UPC y esperan que la autoridad actúe.

Bernardo Abad, presidente de la Comisión de Seguridad del Concejo, indica que a pesar de que las UPC están en manos del Ministerio del Interior, el Municipio analiza la posibilidad de entregar recursos para mejorar su operatividad, por pedido de la Policía. Como este año trabajan con presupuesto prorrogado que ya está comprometido, es posible que el aporte empiece desde el 2020. Cada año, el Municipio recauda cerca de USD 7 millones por la tasa de seguridad que se destina a gestión de riesgos, alarmas comunitarias, y más. De allí saldrá el monto para invertir en las UPC. Es necesario -dice- hacer un análisis de la situación para saber dónde priorizar esos fondos.

Este Diario solicitó una entrevista y envió un cuestionario al área de Comunicación del Ministerio del Interior, el 8 de julio, para hablar sobre la situación de las UPC en la capital, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.

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