6 de mayo de 2020 12:28

A ocho universidades cofinanciadas, el Estado les debe USD 37,2 millones desde 2019, para becas

La Corte Constitucional anunció este 2 de abril del 2020 que desetimó dos acciones de incumplimiento relacionadas al decreto del estado de excepción por la emergencia sanitaria en Ecuador. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

Una acción por incumplimiento de las asignaciones del Estado para becas en universidades cofinanciadas se  presentará este 6 de mayo del 2020 ante la Corte Constitucional. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

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Yadira Trujillo

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Una acción por incumplimiento de las asignaciones del Estado para que universidades cofinanciadas entreguen becas a estudiantes de escasos recursos económicos se presentará este miércoles 6 de mayo del 2020 ante la Corte Constitucional.

Las ocho universidades cofinanciadas, de Quito, Guayaquil, Loja y Azuay ofrecieron una rueda de prensa esta mañana para informar sobre la acción que llevan a cabo, tras cumplirse 40 días desde que hicieron llegar un reclamo por incumplimiento ante el Ministerio de Economía y Finanzas. ​Aseguran que este recurso se dejó el 11 de febrero, sin que hasta el momento hayan recibido una respuesta formal ni se hayan cumplido las asignaciones pendientes.

Los rectores de las ocho universidades expusieron la problemática que las instituciones de educación superior viven antes de la emergencia sanitaria y que se agrava tras el recorte de USD 98 millones para las instituciones de educación superior, aplicado en el contexto de crisis nacional por el covid-19.

Francisco Salgado, rector de la Universidad del Azuay (UDA), dijo que que las universidades particulares tienen el 32% de los estudiantes del país. Eso, señaló, significa que cuatro de cada 10 alumnos están en este tipo de instituciones.

Las ocho universidades cofinanciadas que presentan la acción ante la Corte Constitucional, dijo Salgado, tienen aproximadamente 150 000 estudiantes, de los cuales la tercera parte (cerca de 50 000) reciben becas mediante un estudio socioeconómico que las instituciones realizan y que son financiadas con aportes del Estado, como lo dispone la Ley Orgánica de Educación Superior (Loes).

Además de la UDA, son parte del pedido, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad Católica de Cuenca, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, la Laica Vicente Rocafuerte, la UTE y la Universidad Técnica Particular de Loja, “Estamos pidiendo que se cumpla con la ley, entregando las asignaciones pendientes y que en el futuro no se repita esta falta de cumplimiento”, dijo el rector de la UDA.

Fernando Ponce, rector de la Universidad Católica y quien además representa a las universidades cofinanciadas ante la Asamblea del Sistema de Educación Superior (Asesec), señaló que de octubre a diciembre del 2019, el Estado se retrasó en USD 18 millones para becas de estudiantes de las ocho universidades. Y de enero a abril del 2020 están pendientes USD 19,2 millones más.

Además Ponce indicó que ya se produjo una reducción del 20% en asignaciones para becas. Y recordó que al ser las universidades cofinanciadas, no implica que el Estado cubra ningún gasto corriente como los salarios. Sino que entrega dinero para becas a estudiantes de escasos recursos. “Debemos informar a cuántos becamos y si sobra dinero tenemos que devolverlo. Este retraso en la entrega de fondos afecta a esos estudiantes”.

Ponce señaló que la acción ante la Corte Constitucional es para reclamar el retraso en esas asignaciones. “No nos referimos a una posible reducción como la que se ha aplicado a las universidades públicas, que posiblemente también ocurra para las rentas que recibimos”.

Los rectores aseguraron que pese al retraso no se ha dejado a ningún estudiante en el aire, incluso frente a la reducción de asignaciones como la de enero de este año.

“Hay soluciones para la crisis que no pasan por el recorte a las universidades”, dijo Ponce.

Aimara Rodríguez, de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, señaló que las universidades procuran que el dinero no recibido afecte lo menos posible a los estudiantes. Señaló que optan por reducir horas de trabajo a los docentes. Además dijo que las matrículas han disminuido, lo que provoca menos ingresos para las universidades. “Tenemos solo un 70% de estudiantes matriculados y eso lleva a una reorganización de nuestros presupuestos”.

El rector Salgado, de la UDA, agregó que en esa universidad también se está reduciendo horas a los administrativos que ganan más de USD 1 000 para no afectar a quienes ganan menos.

Mauro Toscanini, de la Universidad Santiago de Guayaquil, dijo que el 80% de sus estudiantes están en los niveles más bajos de la pensión diferenciada. Agregó que, frente a la crisis, están dispuestos a colaborar con el país, pero piden que se cumpla con las deudas pendientes para seguir sosteniendo las universidades.

Además de esa deuda, dice Toscanini, está pendiente una fuerte suma correspondiente a la devolución de IVA desde hace tres años para las universidades. “La situación es insostenible”, menciona.

En el caso de la Universidad Santiago de Guayaquil, su representante señaló que USD 18 millones se destinaron a ayudas económicas para estudiantes. “Se dice que en universidades particulares solo estudian personas con posibilidades económicas, pero no es así. En nuestro caso, el 50% de estudiantes son de niveles medios, alrededor del 15% de altos y la diferencia es de escasos recursos, un 30 o 35%”.

Además dijo que tomaron medidas para sostener la crisis actual como financiamiento y planes de pago para los estudiantes, con plazos mayores. También enfatizó en que la universidad ha invertido en tecnología para educación en línea.

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