9 de enero de 2019 11:18

El CES define si se extiende el plazo de la intervención en la U. de Guayaquil este miércoles 9 de enero

Los estudiantes de Medicina de la Universidad de Guayaquil cuentan ahora con simuladores o robots para estudiar la anatomía del cuerpo humano. Foto: Enrique Pesantes / El Comercio

Los estudiantes de Medicina de la Universidad de Guayaquil durante una clase. Foto: Archivo / El Comercio

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Redacción Guayaquil

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El Consejo de Educación Superior (CES) anunciará la tarde de este miércoles 9 de enero de 2019 si se amplía el plazo para la intervención en la Universidad de Guayaquil. El centro de educación superior entró en octubre de 2018 en una nueva fase de acompañamiento debido a conflictos generados tras la inestabilidad en el rectorado de la institución.

El plazo para los actuales interventores vence el próximo 15 de enero. Ayer, el presidente de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI), Roberto Passailaigue, reiteró los resultados del diagnóstico que realizaron durante estos tres meses. Según ese informe, algunas de las irregularidades que llevaron a la anterior intervención aún no han desaparecido en la universidad.

Además anunció que han detectado 33 obras con anomalías, entre ellas la plazoleta de la ciudadela Salvador Allende, los edificios de las facultades de Filosofía, Jurisprudencia; y el acondicionamiento de un comedor que ahora solo sirve de bodega.

Passailaigue indicó que todas esas obras deben ser auditadas. Sin embargo, advirtió que las pruebas para su análisis “han desaparecido”.

La Contraloría General del Estado notificó a la universidad 228 observaciones que, según el interventor, no se han ejecutado. “La Contraloría busca llegar hasta las últimas consecuencias (…). Sabemos que la documentación debe estar en alguna parte y los responsables podrían ser procesados penalmente de sustracción de documentos que son públicos”, dijo.

Parte de las obras observadas se planificó y ejecutó durante la fase anterior de intervención, entre 2013 y 2016. Passailaigue, quien además es el actual rector de la U. de Guayaquil, indicó que la anterior CIFI gastó alrededor de USD 50 millones.

En cuanto a las contrataciones, reiteró que suspendieron la renovación de contratos ocasionales que no consideran necesarios. También enviaron información a la Contraloría para la revisión de los procesos de ingreso de personal. “En algunas unidades se creaba necesidad para contratar a profesores. Eso tenemos que eliminarlo”.

Passailaigue aseguró que el CES “determinará si acaba la intervención o se prorroga por tres años, dos años o un año”. “Ellos responderán de acuerdo a la magnitud de la problemática que sigue en la universidad”.

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