‘El país irá donde vaya la universidad”. Fue una frase que pronunció Osvaldo Hurtado cuando fue presidente de la República. Una frase que hoy cobra sentido y mueve a la reflexión.
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, organismo del Ejecutivo que dirige René Ramírez, ha propuesto un proyecto de Ley de Educación Superior que ha despertado polémica y susceptibilidades. Según el secretario, el tema ha sido suficientemente debatido. No piensan lo mismo varios de los dirigentes de la universidad ecuatoriana consultados en el noticiero ‘La Palabra’, de canal Uno y radio Sonorama.
Hemos hablado con el presidente del Conesup, con los rectores de la Universidad Central, Politécnica y UDLA. Los más creen que corre riesgo la autonomía de la universidad. Carlos Larreátegui dijo en estas columnas que el proyecto “limita severamente las libertades que deben amparar el conocimiento y la ciencia, y coloca al individuo al servicio del Estado y sus objetivos de planificación”.
A mi modo de ver, allí está el corazón del debate: la pugna por hacer prevalecer la filosofía de la revolución ciudadana: una economía y una vida “central planificada”, cuyo modelo fracasó de manera estentórea en el siglo XX, o la libre circulación del pensamiento, de las ideas y la libertad de cátedra. Tampoco se trata de someter al Estado al mercado y sus extremos, tesis que también ha caído en desgracia.
Nadie puede dudar que el meollo del atraso nacional radica en la baja calidad de la educación y su poca conexión con las razones vitales de la nación, la visión miope de su futuro y los requerimientos superiores de la equidad, la justicia social y el desarrollo, propiciando el adelanto científico y la supremacía de la tecnología sin supeditarlo a la política coyuntural. Solamente una sociedad con niveles adecuados de salud y educación pública puede prosperar y servir a la causa final, al hombre como eje y centro del desarrollo y el bienestar.
Por una clara apreciación puede centrar en la educación y sus potencialidades las verdaderas rutas del progreso y la prosperidad.
Parece sensato que el Estado quiera orientar desde la planificación las líneas maestras de las carreras que el Ecuador requiere y para ello destinar los recursos públicos a mejorar la calidad de la educación, la investigación y de los docentes universitarios. Pero es positivo en un país donde no hay abundancia de dineros públicos, compartir buena parte de la responsabilidad educativa con la universidad privada, pagada con recursos de los padres que buscan una buena educación para sus hijos. Así, que paguen quienes lo pueden hacer y que el Estado se emplee a fondo en mejorar la educación pública.
La autonomía está en riesgo, se busca una educación superior bajo control oficial, sin el concurso de los rectores universitarios y manejar sus recursos. “El país irá donde vaya la universidad”.