Los estudiantes de los planteles rurales de la Sierra y Amazonía iniciaron el año académico sin uniformes nuevos. Las prendas están en proceso de contratación o los artesanos tienen dificultad para adquirir la materia prima. Son más de 545 000 estudiantes que se benefician del programa Hilando al Desarrollo, del Ministerio de Educación (ME). Cada uno recibe un kit gratuito de uniformes, compuesto por dos calentadores, tres camisetas y un buzo.
Tras dos años de pandemia y clases virtuales, en este 2022 se retomó el uso del uniforme para los 4,3 millones de estudiantes del país, con una excepción: no se obligará su uso en los planteles que se benefician del programa. Así lo hacen en la escuela unidocente Jesús María Yépez, de la parroquia Octavio Cordero, en Cuenca, que estuvo cerrada cinco años.
“No tenemos uniformes, pero podemos asistir con cualquier ropa”, dijo Joselin Morocho, quien viste la chompa de la escuela Santa Rosa, donde estuvo antes. La maestra Forangel Quezada y el representante de los padres de familia ya remitieron al Distrito de Educación los requerimientos de los recursos educativos gratuitos: uniformes, textos y colaciones.
Los alumnos tienen el derecho de recibir clases con normalidad a pesar de no contar con el uniforme.
Ella dice que trabajar en el área rural implica mayores retos por las necesidades educativas, pero que están siendo atendidos. “Que el estudiante no lleve un uniforme no es causa para negarle la asistencia”, afirmó esta profesora.
Una ayuda
Miguel Paucar tiene cinco hijos en esta escuela y dice que su situación económica no le alcanza para adquirir los uniformes. “Ojalá aceleren los procesos para que los niños tengan más pronto los kits”, dijo el padre de familia. Pero no será tan rápido, al menos en Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago y Chimborazo. Las artesanas cañarenses Raquel Guillén y Zoila Guayllas llevan más de un mes sin poder conseguir la materia prima necesaria.
Han cerrado fábricas y otras están desabastecidas. Aunque han pagado por adelantado, no les entregan las telas e hilos, contó Guillén. Hace 20 días ella recibió el contrato del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Guayllas asegura que bajo ese panorama es imposible cumplir con la entrega de los kits en los 30 días que establece el contrato. De eso ya conoce la Dirección Distrital, sin embargo les han dicho que no habrá prórrogas.
Hace dos semanas, en Azuay, cinco de los más de 60 artesanos calificados recibieron las órdenes de compra. La demora ocurrió por reclamos que venía haciendo el Gremio de Corte y Confección a la Sercop y al ME. Según la presidenta, Catalina Carpio, a esta provincia le corresponde la elaboración de 32 000 kits, pero desde hace cuatro años solo les adjudican 23 000. “Nuestra capacidad productiva se va a otras provincias.”
Gabriel Casañas, subsecretario de Administración Escolar del ME, había dicho que los uniformes se compran a los proveedores de los respectivos territorios, para que exista reactivación local. Según Casañas, para el régimen Sierra-Amazonía se asignaron USD 22 millones para uniformes.
El argumento para disminución del cupo es que los talleres no están en capacidad de elaborar más de 100 kits. Carpio dijo que no es verdad, “porque tenemos mano de obra para producir hasta 1 000 kits en los tiempos establecidos”.
Según Piedad Soto, presidenta de la Federación de Artesanos del Azuay, las autoridades de la Sercop responsabilizan del tema al ME y viceversa. Hace dos semanas hubo una reunión para llegar a acuerdo.
No se dio paso al incremento del cupo, pero la Sercop se comprometió en que apenas el artesano entregue la producción contratada, pueda aplicar y beneficiarse de otra orden de compra. Esperemos que cumplan”, dijo Carpio. Además, los artesanos reclaman que desde hace cinco años les pagan USD 26,04 por cada kit, cuando la materia prima triplicó su precio en el mercado.
