4 de agosto de 2020 18:22

Unidad Popular presiona a Corte Constitucional por demandas contra Decreto 1053

El partido Unidad Popular llevó hoy, martes 4 de agosto del 2020, una carta a los jueces de la Corte Constitucional. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El partido Unidad Popular llevó hoy, martes 4 de agosto del 2020, una carta a los jueces de la Corte Constitucional. Foto: Archivo / EL COMERCIO

valore
Descrición
Indignado 1
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
Roger Velez

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El partido Unidad Popular llevó hoy, martes 4 de agosto del 2020, una carta a los jueces de la Corte Constitucional para solicitarles que prioricen el tratamiento de las demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 1053 que permite el recorte salarial a los servidores públicos.

El director de este tienda política, Giovani Atarihuana, señaló que se trata de un asunto de derechos humanos, que afecta a 400 mil servidores públicos, entre ellos a los maestros del sistema educativo fiscal.

“Además de injusto, ese recorte es por supuesto inconstitucional”, manifestó Atarihuana, quien acudió a la sede de la Corte acompañado de la presidenta de la Unión de Nacional de Educadores (UNE), Isabel Vargas, y otros dirigentes.

Vargas recordó que, en mayo pasado, la UNE presentó la demanda de inconstitucionalidad contra dicho Decreto en mayo pasado, por lo que pidió a la Corte que convoque a una audiencia para resolver esta causa. “La Corte debe actuar en derecho”, dijo.

En la carta invocan al derecho a la alimentación y señalan que este “se encuentra en un riesgo inminente, especialmente en el caso de los niños, niñas y adolescentes que reciben pensiones alimenticias atrasadas y posiblemente con reducciones a causa de las medidas económicas y laborales tomadas por el gobierno de Lenin Moreno”.

“Esta amenaza se agrava con las dificultades de acceso a insumos de laboratorio necesarios por parte de la población para poder ser diagnosticados con las pruebas de laboratorio de COVID19 pues, las dificultades de acceso a este servicio en los centros médicos de salud pública hacen que se vean obligados acudir a instituciones médicas privadas donde el valor de las pruebas varía entre USD 80 a 120 de acuerdo al tipo de la misma”, indican.

Los dirigentes señalan que dichos “valores no pueden ser pagados por los servidores públicos y maestros a causa de los retrasos y reducciones de los salarios causado por el Decreto Ejecutivo 1053, de fecha 19 de mayo de 2020, mismo que reforma el artículo 25 del Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público, incorporando el literal c en que se reconoce la reducción de la jornada laboral y por consiguiente la reducción de sus salarios”.

El documento fue entregado esta mañana en las ventanillas de la Corte.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (2)
No (3)