8 de mayo de 2019 00:00

USD 9,2 millones tiene la UNE; su dirigencia vuelve a la escena

En la 10 de Agosto y Ascázubi, ayer, viejos dirigentes tomaron posesión del edificio. Foto: Misael Morales / EL COMERCIO

En la 10 de Agosto y Ascázubi, ayer, viejos dirigentes tomaron posesión del edificio. Foto: Misael Morales / EL COMERCIO

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Yadira Trujillo Mina y
Mariela Rosero Ch. (I)

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El patrimonio de quienes estuvieron afiliados a la Unión Nacional de Educadores (UNE) alcanza los USD 9,2 millones. La Comisión Liquidadora de ese gremio lo calculó tras sumar los valores catastrales de sus propiedades. En total -las que pudieron ubicar- son 205 en el Ecuador.

El 18 de agosto del 2016, la Subsecretaría de Quito del Ministerio de Educación declaró disuelta esa organización social, cuya personería jurídica fue aprobada en abril de 1950.

En el texto de la resolución del 2016 se indicaba que los dirigentes de la UNE incumplieron con su propio estatuto.

Desde el período 2013 se les pidió regularizar el registro de su directiva, con las firmas de los votantes, para confirmar la validez de sus elecciones. Y además, seguir el Reglamento de organizaciones sociales.

La docente Jenny Villacís coor­dinó la Comisión Liquidadora, que se formó para presentar un informe sobre el patrimonio del gremio en extinción. Esta funcionó hasta que el ministro de Educación, Milton Luna, la disolviera el pasado 25 de abril. Y cinco días después entregara su informe a la vieja dirigencia de la UNE.

El Gobierno anterior ‘golpeó’ a la UNE desde distintos frentes. Criticó a sus cabezas por ser militantes del MPD, hoy Unidad Popular. Eso fue algo que el sindicato, en su momento más fuerte del país, no pudo negar, con expresidentes unionistas, que llegaron al Legislativo. Además, recordándoles “el daño” que le habían hecho a la educación con paralizaciones de clases que superaron los 711 días, en varios años.

Y también respaldando abiertamente a otro gremio, la Red de Maestros, que desde el año pasado no logra actualizar su directiva en el Ministerio.
Por ello, esta posición del ministro Luna es vista como una “victoria” por dirigentes como Isabel Vargas. Ella preside la Unión Nacional de Trabajadores de la Educación, Unión Nacional de Educadores.

Se trata de la ‘nueva UNE’. Lo dicen los dirigentes, que al no lograr recuperar la personería jurídica del antiguo sindicato, en Educación, acudieron a la Cartera de Trabajo, en donde inscribieron a la organización.

Ellos ahora preparan la asamblea de lo que fue la UNE, para el próximo viernes, a las 09:00, en el edificio de la av. 10 de Agosto y Ascázubi.

Allí tendrán una “asamblea representativa”, con unos 10 delegados por provincia, precisó Vargas. Entonces decidirán qué hacer con los bienes.
Eso preocupa a Villacís, de la comisión liquidadora. También fue afiliada a la UNE, y como a otros profesores (sumaban alrededor de 150 000), le descontaron vía rol de pagos la cuota sindical, hasta el 2009.

Ella afirma que podrían existir más bienes, ya que los registros de la propiedad de varias ciudades se negaron a dar información debido a la no cancelación del impuesto predial.

De la existencia de tres ve­hículos supieron -apunta- porque llegaron multas de tránsito desde Carchi, Guayas y Loja. El único automotor que lograron ubicar y vender fue el de Carchi. En Guayas, la Comisión Liquidadora colocó una denuncia por hurto en contra de los exdirectivos. “Ellos los usan”.

La Comisión Liquidadora tuvo una última prórroga de un año para entregar el informe de patrimonio, desde el 5 de abril del 2018. Al cumplirse el plazo este año, el ministro Luna les dio 20 días. Entonces, con la resolución 0022 declaró fenecida a la comisión y dispuso pasar el informe a la directiva de la vieja UNE.

Eso es algo que su coordinadora Villacís no logra entender. Afirma que encontró irregularidades. Una, por ejemplo, es la existencia de propiedades de la exUNE en todo el país, arrendadas, a título personal, por los antiguos dirigentes.

Muestra una lista de más de 50 arrendatarios. En los inmuebles de la UNE funcionan tiendas de ropa, restaurantes, peluquerías, gimnasios y otros locales comerciales.

Además, señala que es necesario liquidar a exempleados. Siete solicitaron mediación ante el Ministerio de Trabajo. Exigen más de USD 200 000. Con reclamos de otros ocho, los pagos pendientes superarían los USD 300 000. En algunos casos se realizaron abonos. La UNE tenía más de 50 empleados a escala nacional.

El estatus jurídico de la UNE ahora es “organización en liquidación”. En eso coincidieron el asesor jurídico de la Comisión Liquidadora, Víctor Damián, y el director de asesoría jurídica de la Subsecretaría de Quito, Marco Maldonado.

El abogado Damián aseguró que no entregarán los bienes a la UNE y que, en el peor de los escenarios, se los darán al Ministerio de Educación.

“No se puede legitimar a una organización que, en su momento, no cumplió con los requisitos para funcionar”, sostiene Jenny Villacís. Pero Maldonado asegura que la comisión esparte de la propia UNE, ya que fue designada de entre sus miembros. Además, recalcó que los bienes nunca dejaron de pertenecerles.

Vargas, dirigente de la nueva UNE, dice que han pedido al ministro Luna derogar la resolución del 2016 y devolverles la personería jurídica. Y que desde Presidencia se les ha dicho que el Ministerio de la Política revisará el proceso legal.

También esperan que la Superintendencia de Bancos les devuelva la administración del Fondo de Cesantía del Magisterio. “Es otro momento político”, opina y comenta que Jaime Nebot, en Guayaquil, les renovó el comodato de un local.

Napoleón Saltos, catedrático de la U. Central, cree que el Gobierno busca tranquilizar a sectores sociales organizados, con concesiones parciales, para evitar la protesta.

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