7 de noviembre de 2019 00:00

UE pide regulaciones y control para levantar la ‘tarjeta amarilla’ en pesca

La embajadora de la UE en Ecuador,Marianne Van Steen,compareció ayer ante la ComisióndeSoberanía Alimentaria.

La embajadora de la UE en Ecuador, Marianne Van Steen,compareció el pasado miércoles 6 de noviembre de 2019 ante la Comisión de Soberanía Alimentaria. Foto: Mayra Pacheco / EL COMERCIO

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Mayra Pacheco
y Priscila Alvarado
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La tarjeta amarilla que emitió la Comunidad Europea a Ecuador, la semana anterior, tras detectar deficiencias en el país andino para garantizar que sus exportaciones al bloque europeo no provengan de actividades de pesca ilegal, se podría levantar si se cumplen tres condiciones.

Marianne Van Steen, embajadora de la Unión Europea (UE) en Ecuador, expuso ayer en la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del sector Agropecuario y Pesquero de la Asamblea, que para llegar a un acuerdo y retirar la observación se necesita un marco legislativo “satisfactorio”, su implementación en este sector productivo y control de los entes competentes.

Van Steen mencionó que para la Comunidad Europea es fundamental contar con un marco legal robusto que establezca un sistema sancionador disuasorio y regule la actividad pesquera. “Es una pieza fundamental, no es la única, pero es relevante”.

La Ley de Pesca, que se encuentra vigente en el país, data de 1974. Esta, por ejemplo, fija sanciones que no se encuentran acordes con la realidad, refirió Boris Estupiñán, legislador y coordinador de la subcomisión de Pesca de la Comisión de Soberanía Alimentaria (PSP). “Las multas que se plantean en esta normativa por cometer pesca ilegal son de alrededor de USD 2”.

Para actualizar esta norma, la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del sector Agropecuario y Pesquero trabaja en un nuevo proyecto de Ley Orgánica de Pesca.

La iniciativa fue remitida por el Ejecutivo el 16 de agosto pasado. El texto contiene aportes de proyectos anteriores.

En el nuevo documento se incluyen sanciones para la pesca ilegal que pueden llegar hasta los 1 500 salarios básicos unificados (USD 591 000). La iniciativa también propone mecanismos para el control de trazabilidad; es decir, para el monitoreo del producto pesquero y acuícola en toda la cadena: extracción, transporte, proceso y comercialización.

El proyecto contiene, además, medidas de ordenamiento pesquero y acuícola; entre ellas, criterios para la declaratoria de vedas, asignación de cuotas de pesca y el establecimiento de zonas de reserva pesquera. La iniciativa busca regular al sector de forma integral, por lo que el cuerpo legal incluye un capítulo dedicado a la acuicultura.

La embajadora de UE en Ecuador explicó que en los últimos meses ha existido un trabajo intenso con los expertos de la comunidad europea, “para mirar que el borrador de Ley se adapte a las normas internacionales”.

Pero esta no es la única propuesta que se ha analizado en los últimos años. En los últimos cinco años se han recibido, al menos, 15 borradores de esta ley, comentó Van Steen.

En esta ocasión, los legisladores de la Mesa de Soberanía Alimentaria tienen mayores expectativas de que la propuesta avance y deje de ser solo un borrador. Hay consensos porque se trata de una de las principales actividades productivas del país.

En la balanza comercial del país, la pesca representa el 12%. Además, Ecuador es el principal productor de camarón y el segundo más importante de atún del mundo.

En promedio, esta actividad genera 250 000 plazas de trabajo y USD 4 500 millones de ingresos al año, enfatizó Carlos Bergmann, asambleísta de la Comisión de Soberanía Alimentaria (Unidad Primero).

Actualmente, la redacción del proyecto de Ley Orgánica de Pesca está en su fase final, aseguraron legisladores.

Ayer, los miembros de la mesa de Soberanía Alimentaria revisaron los últimos detalles de ciertos artículos, que estaban pendientes, con el fin de aprobar hoy el informe para primer debate y remitirlo a la Presidencia de Asamblea.

La meta es que esta nueva normativa se discuta en las próximas semanas en el Pleno. Luego de que se recojan y solventen las observaciones de los asambleístas, la aspiración es tratar esta ley en segundo y definitivo debate, entre enero y febrero próximos, expresó Lenín Plaza, presidente de la Comisión que tramita esta propuesta (AP).

Con este paso, los legisladores consideran que se podrá solventar el pedido de la UE respecto de la pesca ilegal, porque la nueva Ley apunta a la conservación.

A más de los aportes de la Comunidad Europea, Bergmann dijo que el organismo legislativo ha recibido insumos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Regional de Ordenación Pesquera, etc.

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