La Corte Provincial de Azuay ratificó la sentencia en contra de Sebastián Cevallos por sus comentarios en Twitter. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
La Corte Provincial de Azuay ratificó hoy, jueves 31 de marzo del 2016, la sentencia en contra de Sebastián Cevallos, subdirector nacional de Unidad Popular, quien denunció vía Twitter en julio pasado que varios familiares del exministro del Trabajo, Carlos Marx Carrasco, estarían ocupando cargos públicos en el Austro.
En aquella ocasión, Carrasco lo desmintió y advirtió con interponer una demanda porque se había ofendido la honra de su familia. Además dijo que no existe nepotismo porque, en ningún caso, había intervenido para la designación de los cargos, algunos de los cuales estarían en esos puestos desde antes que él fuera funcionario de este Gobierno.
Sin embargo, la demanda fue interpuesta en noviembre por Paula Francisca Rodas, sobrina política de Carrasco y funcionaria del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural desde el 2008.
Y Cevallos fue sentenciado por la contravención establecida en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que dictamina de 15 a 30 días de prisión para la persona que, por cualquier medio, profiera expresiones de descrédito o deshonra en contra de otra.
Hoy, en las afueras de la Corte Provincial de Azuay varios simpatizantes de Cevallos se reunieron para demostrarle su apoyo en un plantón.
Asímismo, ayer en la noche los cibernautas lanzaron una campaña de apoyo en Twitter, denominada #TuitearNoEsDelito.
Cevallos asegura que esta ratificación significa una violación a los derechos constitucionales, “una mancha para la democracia y la libertad de expresión”. Pero anunció que cumplirá con la sentencia “con la frente en alto”, porque los jueces nunca pudieron rebatir la evidencia que presentó sobre los familiares de Carrasco.
Además contó que está preparando nuevas denuncias sobre otros ministros cuencanos que han utilizado el mismo modus operandi durante su participación en este Gobierno. Y aseguró que no van a acallar sus opiniones y denuncias.
Cevallos lamentó que su sentencia, junto con la de la concejala lojana Jeannine Cruz, está creando precedentes legales para enjuiciar a quienes usen las redes sociales como medio de denuncia.
Cruz cumple una sentencia de 30 días desde el 8 de marzo, por haber incurrido en la misma contravención que Cevallos, denunciando presuntas irregularidades del alcalde Bolívar Castillo, en la declaratoria de emergencia del alcantarillado y agua potable en Loja.