Victoria Desintonio, Walter Gómez, Rosa Chalá y José Tuárez son la mayoría. Christian Cruz, Sofía Almeida y María Rivadeneira, vocales de minoría. Foto: Archivo / EL COMERCIO
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aceptó el miércoles 17 de julio del 2019 el trámite de dos juicios políticos en contra de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que tienen 35 días en funciones.
El primer proceso fue planteado por Fabricio Villamar (independiente), en contra del presidente del Cpccs, José Tuárez, por falta de probidad para el cargo, después de las denuncias sobre inconsistencias en su postulación.
El segundo juicio está planteado en contra de los cuatro integrantes de la mayoría del Cpccs, quienes votaron a favor de conformar una comisión especializada para revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional (CC). Los interpelados serán: Walter Gómez, Victoria Desintonio, Rosa Chalá y José Tuárez.
En la Asamblea, la mayoría de bloques vieron esta acción como una intento de violentar el dictamen de la Corte Constitucional (CC) sobre la imposibilidad de revisar las decisiones particulares y generales tomadas por el Consejo Transitorio, en el ejercicio de sus facultades extraordinarias. Así se configuraría un supuesto incumplimiento de funciones.
La decisión del CAL se tomó por unanimidad de sus integrantes: el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP); el segundo vicepresidente, Patricio Donoso (Creo); y los vocales Ana Belén Marín y Carlos Cambala, de AP, así como de Rina Campain, Creo. El primer vicepresidente, César Solórzano, y Cristina Reyes (PSC) no acudieron a la sesión.
La solicitud fue calificada en menos de 48 horas, si se toma en cuenta que fue presentada el martes pasado por los asambleístas Jeannine Cruz y Raúl Tello, quienes forman parte de la coalición. Donoso explicó que en cinco días notificarán a la Comisión de Fiscalización sobre estas causas. Y que será esta mesa la que decidirá si unifica o complementa estos dos procesos.
Luego de la calificación viene un periodo de 20 días en los que se debe realizar un informe que recomiende si el juicio procede o si se archiva. De esta forma, el proceso va al Pleno de la Asamblea, donde los interpelados exponen sus descargos y se decide su censura o destitución. Para esto último se requiere el voto de la mayoría absoluta, es decir, 71 votos.
Un tercer pedido de juicio político contra Tuárez, presentado el pasado martes por Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, todavía está pendiente de que sea tratado en el CAL. “Depende del presidente de la Asamblea que lo incluya en el orden del día”, aseguró Tello.
Pugna con la Fiscalía
La suerte de los cuatro vocales de mayoría del Cpccs no solo se dirime en el Legislativo. La indagación previa en su contra, por el supuesto delito de “incumplimiento de decisión de autoridad competente”, sigue su curso en Fiscalía.
Esta semana, mientras que los tres denunciantes del caso rindieron su versión voluntaria en la Fiscalía, el Cpccs prevé ratificar hoy una resolución para llamar a la fiscal General, Diana Salazar, a que exponga ante el Pleno el avance en las investigaciones del caso denominado Ina Papers, que se encuentra en indagación previa y tiene que ver con la supuesta vinculación de la familia del presidente Lenín Moreno con la empresa Off Shore Ina Investment Corporation.
Este requerimiento lo plantearon los cuatro consejeros de mayoría del Cpccs que son indagados por la Fiscalía. La decisión se tomó después de que el Pleno escuchara la exposición sobre el caso Inna Papers, del asambleísta Ronny Aleaga, del correísmo.
Solo los vocales Christian Cruz y María Fernanda Rivadeneira se opusieron. La consejera Sofía Almeida no asistió a la sesión de ese día.
Rivandeneria mencionó que esa convocatoria no estaba dentro de las facultades del Cpccs, ya que el control político lo realiza la Asamblea Nacional. Por eso su voto fue en contra de esa resolución.
Dentro de las funciones del Cpccs, contempladas en la Constitución, está “solicitar a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos”.
Esta podría ser la base, según el constitucionalista Jorge Benavides, para el pedido de que Salazar asista el Pleno para explicar un caso concreto. Sin embargo, en la resolución aprobada no se establece la intención de iniciar un proceso de investigación del caso.
Benavides dijo que desde el punto de vista jurídico, el Cpccs no extralimita sus funciones con ese pedido. Sin embargo, considera que el momento no es el adecuado. Él ve como un conflicto el hecho de que la invitación ocurra en el marco de la indagación de la Fiscalía por un supuesto delito de “incumplimiento de decisión de autoridad competente”, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El catedrático de la Universidad Católica del Ecuador, Juan Francisco Guerrero, no coincide con Benavides. Para él, sí podría existir una extralimitación en sus funciones porque no hay nada en la Constitución y en la Ley que faculte al Cpccs para pedir cuentas a otra función del Estado.
Guerrero explica que hay etapas dentro de los procesos de investigación y que estos se podrían entorpecer si se revelan datos sobre su avance, en momentos no adecuados.
Para David Ochoa, constitucionalista, no hay impedimento para que el Cpccs convoque a una autoridad. Sin embargo, cree que se duplican las funciones en casos como estos, ya que la Asamblea es la que tiene la facultad del control político cuando una autoridad incumple las funciones de su cargo.
Ochoa también planteó que, en el caso de comparecencias, no hay una norma que obligue a los funcionarios a asistir. Recuerda el caso del exalcalde de Quito, Mauricio Rodas, quien decidió no acudir a la invitación del Cpccs el 22 de noviembre del 2016, por un tema relacionado con las corridas de toros. Y no tuvo sanción.