El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social José Tuárez junto a tres consejeros comparecen en la Comisión de Fiscalización. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), comparece por segunda vez en la Asamblea Nacional, la tarde de este lunes 30 de julio del 2019.
Ya en la audiencia, el legislador Eliseo Azuero le consultó sobre su patrimonio: mencionó las pólizas cedidas a su favor para la compra de un camión. Tuárez se excusó de responder. Dijo que eso pertenece a su fuero interno y que su patrimonio no asciende a USD 372 000. La respuesta de Tuárez demoro 22 minutos y fue leída de una hoja.
Mientras tanto, en las afueras de la Asamblea había un grupo de manifestantes que, con proclamas a favor del Cpccs, trataba de ingresar al lugar de la sesión. Sin embargo, fueron disuadidos por la Policía Nacional.
En la audiencia, el principal del Cpccs presentó sus pruebas de descargo sobre las acusaciones que motivaron tres pedidos de juicio político en su contra.
Los legisladores Jeannine Cruz (CREO), Raúl Tello (Unidos por Pastaza) y Fabricio Villamar (independiente), quienes actúan como interpelantes en el proceso, presentaron sus argumentos el pasado lunes, 22 de julio.
Los tres asambleístas presentaron tres pedidos de interpelación a vocales del Cpccs. El primero fue de Villamar, en contra de Tuárez por “falta de probidad para el cargo”. Villamar argumentó que el principal del Cpccs no ha perdido su condición de sacerdote y eso atenta contra la ética laica e independencia previstos en la Constitución y en la Ley del Consejo de Participación Ciudadana.
El segundo pedido llegó de manos de Cruz y Tello, en nombre del bloque de coalición del Legislativo, conformado por el movimiento oficialista Alianza País (AP), CREO y asambleístas independientes.
Esa solicitud la hicieron para llevar a juicio a los consejeros de mayoría Victoria Desintonio, Walter Gómez, Rosa Chalá y Tuárez.
En la exposición del lunes pasado, Cruz argumentó que los cuatro vocales cruzaron “una línea roja” cuando en la sesión del Pleno del Cpccs del 10 de julio del 2019, aprobaron la conformación de una comisión para revisar la designación de la Corte Constitucional (CC).
Para esta legisladora, esa decisión configuraría un desacato porque la CC emitió un dictamen de interpretación constitucional en el que se establece que el Cpccs definitivo no puede revisar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio en ejercicio de sus facultades extraordinarias.
Tello, como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, presentó un tercer pedido de juicio, en contra de Tuárez y Gómez por un supuesto incumplimiento de funciones al realizar proselitismo político, lo cual está prohibido por la Ley del Consejo de Participación Ciudadana.
Hasta el momento, los cuatro consejeros han confirmado su asistencia a la Comisión de Fiscalización. Dos de los vocales a quienes busca interpelar la Asamblea se pronunciaron mediante sus cuentas de Twitter.
Walter Gómez manifestó que “el juicio político a los consejeros del CPCCS es ilegal”. Basa su argumentación en el art. 105 de la Constitución en el que se establece que las personas “en goce de sus derechos políticos podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular”.
“La Constitución no lo permite y sería nefasto para la vida política de todos quienes fueron y serán elegidos en las urnas”, señaló Gómez.
Sobre esto, Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, mencionó que la Constitución y a Ley de Participación Ciudadana, así como la Ley Orgánica de la Función Legislativa, faculta a la Asamblea para realizar el juicio político.
Para Aguinaga, comparar el cargo de los consejeros del Cpccs con el de alcaldes y prefectos, no cabe. “Tienen legislaciones diferentes. Por ejemplo, para los alcaldes se prevé un proceso de revocatoria al interior de los mismos Concejo Cantonales”, señaló.
Por su parte, Desintonio señaló en su red social que “el orden constituido quiere imponer a la fuerza una mayoría que sea funcional al statu quo. Hablan de transparencia, pero les horroriza que se observe las posibles irregularidades que se cometieron en nombre de la reinstitucionalización”.
El pedido de los tres legisladores es que se censure y destituya del cargo a los cuatro vocales de mayoría del Cpccs.
El martes 30 de julio, Fiscalización escuchará los criterios de dos abogados dentro de este caso. Está convocada a la mesa legislativa María Paz Jervis, decana de la Carrera de Derecho de la Universidad Internacional SEK y a Ramiro García Falconí, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador.
Hasta el próximo 8 de agosto, la Comisión de Fiscalización del Legislativo tendrá que terminar su informe sobre este tema. En ese documento, la Comisión tendrá que sugerir el juicio político o el archivo de los pedidos.
