20 de julio de 2019 00:00

Tuárez propone una Constituyente cuando se inicia interpelación

La Mesa de Fiscalización de la Asamblea inició ayer la sustanciación del proceso. Foto: Galo Paguay /  EL COMERCIO

La Mesa de Fiscalización de la Asamblea inició ayer la sustanciación del proceso. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Marcel Bonilla y
Roger Vélez. Redactores (I)

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Carlos Tuárez, anunció ayer 19 de julio del 2019 que convocará a una marcha hacia el CNE para solicitar los formularios para recoger 4 000 000 de firmas para una Asamblea Constituyente. Esta acción ocurre justo cuando se inicia su interpelación en la Asamblea.

El anuncio lo efectuó en Esmeraldas, durante una reunión con organizaciones sociales en la sede de jubilados y pensionistas de la ‘Provincia Verde’. “Asamblea constituyente”, gritaban unas 60 personas que asistieron para escucharlo.

Durante un enérgico discurso, el Presidente del Cpccs se declaró víctima de los medios de comunicación y de la Asamblea Nacional que, según dijo, le ha montado tres juicios políticos con acusaciones que no han podido ser probadas.

“El Señor me iluminó y me dijo: José Carlos, promueve una Asamblea Nacional Constituyente, donde debemos irnos todos a la casa. ¿Por qué tenemos que seguir pagando a 137 asambleístas que no hacen absolutamente nada por el pueblo? Tenemos que ir a una Asamblea Constituyente, donde sea reparado todo el valor ciudadanos, donde no tengamos que dar cuenta a los partidos políticos ni a las élites económicas del país”, señaló José Carlos Tuárez.

Y añadió: “El Consejo transitorio de (Julio César) Trujillo fue un alcahuete de la banca y el poder, y son ellos los que han llevado a la ruina al Ecuador”. Sus declaraciones sucedieron luego de que la mayoría del Cpccs, de la cual forma parte, decidiera retractarse de la decisión tomada el pasado 10 de julio, cuando se dio paso a la creación de una comisión para revisar los nombramientos de los magistrados de la Corte Constitucional, una vez que dos jueces concedieron medidas cautelares para que eso no sucediera. Si la mayoría del Cpccs no acataba esa decisión judicial, como lo hizo la tarde del jueves, corría el riesgo de ser destituida.

Interpelación legislativa

El hecho de que la mayoría de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) decidiera abstenerse de nombrar una comisión para revisar la integración de la Corte Constitucional, no detiene el proceso de juicio político en la Asamblea.

La Comisión de Fiscalización resolvió ayer avocar conocimiento y arrancar con la sustanciación de esta causa. Además, el plazo para entregar su informe será hasta el 8 de agosto, cuatro días antes de que el Parlamento entre en receso por 15 días.

La decisión la tomaron por unanimidad los nueve asambleístas presentes en esa mesa legislativa. Los cuatro restantes que la integran no acudieron, entre ellos, la correísta Carmen Rivadeneira, cuya bancada no apoya este proceso.

“La Ley Orgánica de la Función Legislativa es clara, establece los plazos y nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir, garantizar el debido proceso, garantizar el derecho a la defensa que tienen las autoridades y garantizar el derecho a la seguridad jurídica que tenemos todos los ecuatorianos”, dijo Johana Cedeño (AP), presidenta de la Comisión.

La mesa legislativa optó por unificar los pedidos que fueron presentados por los asambleístas Raúl Tello y Jeannine Cruz, de la coalición Alianza País-Creo y dos facciones de legisladores independientes, además de Fabricio Villamar.

Los tres asambleístas deberán acudir el próximo lunes a presentar las pruebas en que basan su acusación contra Tuárez, Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chalá, integrantes del Cpccs, por haber incumplido con sus funciones.

Los consejeros serán convocados el próximo jueves, para que entreguen sus argumentos de descargo.

Como parte del proceso también se llamará a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, al jurista Ramiro García y a los académicos Jorge Benavídez y María Paz Jerves.

La reunión de la Comisión de Fiscalización tomó menos de dos horas y se dio 24 horas después de que las solicitudes entregadas por Villamar y la coalición parlamentaria fueran calificadas a trámite por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).

Los informes de la Comisión no tienen el carácter de vinculantes, pero sirven como insumo para que un juicio político se debata en el Pleno. El caso podría terminar en censura y destitución, para lo que se requieren de 70 votos, según asambleístas. La solicitud entregada por la coalición Alianza País, Creo y asambleístas independientes tiene 79 firmas de respaldo.

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