25 de enero de 2021 13:09

Tribunal incrementa a dos años la sentencia contra exvicepresidenta María Alejandra Vicuña por concusión

En su argumentación, el Tribunal informó que, luego del análisis de la prueba, se determinó que la procesada si exigió cuotas o contribuciones.

En su argumentación, el Tribunal informó que, luego del análisis de la prueba, se determinó que la procesada si exigió cuotas o contribuciones. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

El Tribunal de Apelación de la Corte Nacional aceptó parcialmente el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y modificó la sentencia de primera instancia dictada contra María Alejandra Vicuña, exvicepresidenta de la República y exasambleísta, quien deberá cumplir una pena privativa de libertad de dos años, al haber sido hallada culpable del delito de concusión.

El juez ponente, David Jacho, agregó que se desecha el recurso de apelación presentado por la procesada, quien pretendía que se revoque la sentencia de primera instancia y que se ratifique su estado de inocencia.

En su argumentación, el Tribunal informó que, luego del análisis de la prueba, se determinó que la procesada sí exigió cuotas o contribuciones.

Por su parte, el fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, solicitó que se aplique el máximo de la pena por el delito de concusión, debido a que los jueces de primera instancia consideraron de manera inadecuada atenuantes de la infracción y no las agravantes que existían.

Añadió que la sentencia de primera instancia es clara y que cumple con los alegatos de cierre emitidos por Fiscalía, por lo tanto debía imponerse la pena de cuatro años, según lo establece la normativa vigente al momento de los hechos.

Señaló, además, que existe la suficiente cantidad de prueba que demuestra la comisión del delito y la culpabilidad de la también exlegisladora.

En primera instancia, la ex Vicepresidenta de la República fue declarada culpable del delito de concusión.

Sin embargo, el Tribunal de juicio consideró atenuantes a la infracción, imponiéndole un año de pena privativa de libertad y la obligación de cumplir con la reparación de USD 173 180.

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