6 de septiembre de 2019 15:15

Tribunal Penal se excusó de conocer caso Diacelec

Imagen referencial. Los jueces Pablo Coello, María Mercedes Suárez y Wilson Caiza, que conforman el Tribunal de Garantías Penales, se excusaron de conocer el caso Diacelec. Foto: tomada de la cuenta de Twitter @FiscaliaEcuador

Los jueces Pablo Coello, María Mercedes Suárez y Wilson Caiza, que conforman el Tribunal de Garantías Penales, se excusaron de conocer el caso Diacelec. Foto: Twitter Fiscalia Ecuador

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Redacción Seguridad

El Tribunal de Garantías Penales conformado por los jueces Pablo Coello, María Mercedes Suárez y Wilson Caiza, se excusó de seguir al frente del caso Diacelec.

La decisión se dio a conocer antes de la reinstalación de la audiencia de juzgamiento en contra del empresario Édgar Arias, cinco ciudadanos más y las personas jurídicas Diacelec S. A. y Conacero S. A.

Según la Fiscalía, los jueces indicaron que el Consejo de la Judicatura les notificó sobre el inicio de un sumario administrativo, luego de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) pusiera una queja en su contra.

Esto, porque al inicio de la audiencia de juzgamiento, el pasado 8 de julio, los jueces declararon abandonada la acusación particular, a pesar de que los procuradores judiciales de esa institución estuvieron presentes.

“El Tribunal consideró que se ha vulnerado el principio de imparcialidad que debe regir en la actuación de los jueces del país, por lo que informaron sobre su excusa, la mañana del 5 de septiembre del 2019”, informó la Fiscalía.


En el transcurso de la audiencia de juzgamiento, la fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía, presentó cuarenta y cuatro testigos entre peritos, empleados bancarios, extrabajadores de Odebrecht, servidores y exservidores de la UAFE, del Servicio de Rentas Internas (SRI), trabajadores de Diacelec y Conacero, y auditores externos.

Arias, su esposa, un hijo, tres colaboradores y las personas jurídicas Diacelec S.A. y Conacero S.A., son procesados como  presuntos autores del delito de lavado de activos. Según la Fiscalía, ellos habrían perjudicado al Estado por un monto de USD 14,6 millones.

Entre los años 2010 y 2016, Arias, único accionista y beneficiario final de la compañía Columbia Management INC, domiciliada en Panamá, habría recibido transferencias de cuentas de empresas offshore pertenecientes a la constructora Odebrecht. Este dinero se habría usado para el pago de sobornos.

Columbia Management habría transferido y girado cheques desde sus cuentas bancarias en Produbank Panamá y Banco Bolivariano Panamá, cuyas firmas autorizadas eran las de los otros procesados.

Además existirían dos cuentas bancarias que Diacelec S.A. no registró en la contabilidad, a través de las cuales se habría pagado el servicio de camiones blindados, en cuyo interior se habría transportado dinero en efectivo (aproximadamente USD 9,7 millones), que habría sido entregado en las oficinas de Diacelec S. A. y de Odebrecht.

Para Marcelo Ron, abogado de Arias, estas acusaciones de la Fiscalía no son ciertas. Él ha señalado que los recursos que movilizaron las empresas Diacelec, Conacero y Columbia Management provienen de fuentes lícitas y de préstamos.

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