9 de septiembre de 2020 00:00

Tribunal entrega fallo por escrito; jueces emitirán boletas de captura

El lunes 7, los conjueces de la Corte Nacional de Justicia Milton Ávila, Lauro de la Cadena y José Layedra (al fondo) emitieron el fallo de casación.

El lunes 7, los conjueces de la Corte Nacional de Justicia Milton Ávila, Lauro de la Cadena y José Layedra (al fondo) emitieron el fallo de casación. Foto: Corte Nacional de Justicia

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Ana Belén Rosero
Redactora (I)

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El fallo tiene 319 páginas. El pasado martes 8 de septiembre de 2020, el Tribunal de la Corte Nacional envió ese documento por escrito a los abogados de todos los condenados por cohecho en el caso Sobornos.

La norma señala que los magistrados tienen 72 horas para hacerlo, pero esta vez lo hicieron al siguiente día de que los conjueces Lauro de la Cadena, José Layedra y Milton Ávila negaran los recursos de casación y ratificaran la condena de ocho años para el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otros.

Ahora, los abogados tienen tres días más para pedir aclaración y ampliación del fallo.

Cuando se resuelvan esos recursos, la sentencia quedará ejecutoriada y será enviada a los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela, quienes dictaron inicialmente la sentencia en este caso, el pasado 7 abril. Ese procedimiento lo establece el artículo 657 del Código Integral Penal.

Ellos emitirán las boletas de captura para los sentenciados.

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En este momento, solo Glas está en prisión por Odebrecht, mientras que el exsecretario jurídico Alexis Mera cumple arresto domiciliario. El resto está fugitivo, no cumple la orden judicial de presentarse o tienen medidas alternativas.

El procedimiento formal determina que, una vez firmadas las órdenes de detención, estas serán remitidas a la Policía Judicial, para que la información sea subida a un sistema informático que permita la localización y el arresto. Las notificaciones también se entregarán al personal de Migración en los aeropuertos del país.

Para los casos de Correa, Vinicio Alvarado, Walter Solís y Cristian Viteri, que oficialmente se sabe que están fuera del país, el Tribunal notificará a la Interpol (Policía Internacional) para que se emita la difusión roja de captura.

El 31 de julio pasado, ese organismo internacional rechazó una solicitud para que se actualicen los datos sobre un pedido de captura para Correa.

La respuesta llegó luego de que el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional ratificara la sentencia de ocho años de prisión en su contra.

Fausto Jarrín, abogado del expresidente, tiene previsto presentar una acción legal en instancias internacionales “por las constantes violaciones al debido proceso”.

María del Mar Gallegos
, abogada de Mera, también dijo que planteará un recurso similar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “por la afectación de derechos que se ha perpetrado en este proceso”.

A este mismo mecanismo recurrirán los abogados de Glas, Solís, Viviana Bonilla y de los empresarios Bolívar Sánchez, Pedro Verduga, Rafael Córdova y Ramiro Galarza.

El penalista Cristian Burbano indicó que primero es necesario presentar una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, para que se determine si en el proceso judicial hubo o no violaciones a la Constitución. “Luego pueden plantear un recurso en un organismo internacional y esperar que el trámite sea admitido. Estas acciones pueden iniciarse incluso cuando los sentenciados ya estén recluidos en una cárcel”.

El procurador general, Íñigo Salvador, aseguró que la sentencia y el proceso judicial cumplieron con todos los procedimientos legales que establecen el Código Penal y el Código General de Procesos (Cogep). “Los abogados tendrán un trabajo muy arduo para tratar de revertir la condena en instancias internacionales”.

Por ahora, la defensa de Mera solicitará al Servicio de Rehabilitación que su cliente cumpla la pena en la Cárcel 4 de Quito y no en un centro de rehabilitación de Guayaquil.

En cambio Gustavo García, abogado del empresario Ramiro Galarza, indicó ayer que tras hablar con su cliente acordaron que “él se entregará voluntariamente a la justicia”.

La defensa del empresario Pedro Verduga señaló que su cliente permanecerá en su domicilio por complicaciones en su estado de salud y que cuando la Policía Nacional tenga la boleta de captura podrá encontrarlo en su vivienda.

Además, solicitará a los jueces que ordenen que su cliente reciba atención médica permanente en el centro carcelario al que sea llevado.

Durante la investigación, la Fiscalía determinó y comprobó ante los jueces que los sentenciados conformaron una estructura criminal que recibió sobornos, a través de cruce de facturas y en efectivo.

Según las pesquisas, con esos recursos pagaron los servicios para el movimiento político del Gobierno anterior. A cambio, los empresarios que en este momento están sentenciados recibían contratos con el Estado ecuatoriano.

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