3 de septiembre de 2019 18:45

Tribunal niega a Lula usar diálogos interceptados como pruebas en su proceso

La defensa de Lula, por considerar que las conversaciones demuestran que el expresidente fue víctima de una persecución política, solicitó la inclusión en el proceso de "todos los diálogos (entre los fiscales) que se relacionan directa o indirectamente co

La defensa de Lula, por considerar que las conversaciones demuestran que el expresidente fue víctima de una persecución política, solicitó la inclusión en el proceso de "todos los diálogos (entre los fiscales) que se relacionan directa o indirectamente con Lula, para uso como prueba compartida". Foto: Facebook / Lula

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Agencia EFE

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Un tribunal brasileño negó este martes la petición de la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumple desde abril de 2018 una condena por corrupción, para que pueda usar como prueba de su inocencia diálogos entre los fiscales que lo acusan y que fueron interceptadas ilegalmente.

La solicitud de los abogados del exjefe de Estado fue rechazada por el magistrado Joao Pedro Gebran Neto, uno de los miembros del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, corte de segunda instancia que analiza actualmente un recurso contra una de las dos condenas por corrupción que han sido dictadas contra Lula.

Gebran Neto rechazó la petición de la defensa del exgobernante para que sean incluidas en ese proceso, como pruebas, las conversaciones entre fiscales realizadas en la aplicación de mensajerías Telegram que un hacker consiguió interceptar ilegalmente y que vienen siendo divulgadas por la prensa desde junio de 2018.

De acuerdo con la defensa, los mensajes intercambiados demuestran que los fiscales cometieron irregularidades en la instrucción del proceso y que el juez que condenó a Lula, el actual ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, orientó ilegalmente la acción de los acusadores.

La defensa de Lula, por considerar que las conversaciones demuestran que el expresidente fue víctima de una persecución política, solicitó la inclusión en el proceso de "todos los diálogos (entre los fiscales) que se relacionan directa o indirectamente con Lula, para uso como prueba compartida".

El magistrado que analizó la petición concluyó que "no hay posibilidad de aprovechar" los mensajes interceptados debido a que "fueron obtenidos en desarrollo de una acción criminal", según un comunicado divulgado por el propio tribunal.

"Para el magistrado, no hay duda de que el hackeo de autoridades públicas no configura material apto a ser considerado como prueba", agrega la nota.

El magistrado alegó en su decisión que "admitir la validad de las invasiones ilegales provocaría consecuencias inimaginables y datos imposibles de verificación".

Gebran Neto recordó que hasta las escuchas telefónicas o telemáticas autorizadas legalmente "tienen que ser validadas en el momento y por los fundamentos de una decisión judicial".

Las conversaciones de los fiscales interceptadas ilegalmente están en manos de la Justicia gracias a la operación realizada en junio pasado por la Policía Federal y que permitió identificar a los autores del crimen y detener a cuatro de los acusados.

Las polémicas conversaciones vienen siendo divulgadas por el portal de noticias Intercept Brasil, que dijo haberlas recibido de una persona que no quiso identificarse.

Parte de los diálogos, admitidos por algunos de los interlocutores, pusieron en duda la imparcialidad de Moro en el proceso que terminó con la condenación de Lula.

Moro era hasta el año pasado el juez responsable por la Lava Jato, la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil y que mandó a prisión a decenas de empresarios y políticos acusados de millonarios desvíos de recursos de la petrolera estatal Petrobras.

El exjuez y ministro de Justicia ha insistido en que no reconoce la autenticidad de los mensajes y que, incluso aunque sean verdaderos, los diálogos no configuran ningún comportamiento ilegal.

Lula cumple una pena de ocho años y diez meses de prisión en una celda especial en la sede de la Policía Federal en la sureña ciudad de Curitiba como parte de una condena que ya fue confirmada en segunda instancia.

El entonces juez dio por probado que el expresidente recibió como coima un apartamento de playa por haber favorecido una constructora en contratos con Petrobras.

El recurso analizado actualmente por el Tribunal de la Cuarta Región se refiere a una segunda condena, a doce años de prisión, en la que el juez de primera instancia consideró probado que Lula se benefició de las obras realizadas en una casa de campo a la que acudía frecuentemente y que fueron financiadas por diferentes empresas implicadas en corruptelas con Petrobras.

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