9 de septiembre de 2019 19:38

Tribunal de la Corte Nacional dijo que no es competente para conocer la acción de hábeas corpus del juez de Pastaza

En la foto, las juezas que conforman el Tribunal que revisará la solicitud del juez Aurelio Q.. A través de este recurso espera recuperar su libertad y abandonar la cárcel N° 4 de Quito, en donde está recluido desde el 4 de septiembre pasado. Foto: Diego

En la foto, las juezas que conforman el Tribunal que revisó la solicitud del juez Aurelio Q.. El procesado permanece en la cárcel N° 4 de Quito desde el 4 de septiembre pasado. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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El Tribunal de la Corte Nacional decidió por unanimidad que no tiene la competencia para conocer la acción de hábeas corpus presentada por Cristian Romero, abogado del magistrado de Pastaza, Aurelio Q, procesado por presunto cohecho.

El Tribunal conformado por María del Carmen Espinoza, María Rosa Merchán y Magaly Soledispa decidió que el juez procesado tiene fuero de Corte Provincial y no Nacional, por eso dictaminaron que el caso debe ser conocido por la Corte de Pastaza.

Ese dictamen lo emitieron tras una hora de deliberación. La diligencia estuvo convocada a las 15:00 de este lunes 9 de septiembre, en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito.

A esta audiencia asistió el juez procesado Aurelio Q., y su abogado Cristian Romero. El magistrado permaneció vigilado por un agente penitenciario en todo momento. Además, estuvo presente Carlos Medina, presidente de la Corte Provincial de Pastaza y el magistrado que presentó la denuncia, John Álava.

En esta diligencia estaba previsto que se sustente el pedido de revocar la orden de prisión preventiva, pues el jurista Romero sostiene que fue una medida “ilegítima y arbitraria” contra su cliente.

La noche del pasado 3 de septiembre del 2019, en un operativo, la Policía detuvo al juez de Pastaza en un restaurante de la ciudad de Puyo. Al día siguiente se realizó la audiencia de formulación de cargos y fue procesado por el presunto delito de cohecho y fue trasladado a la cárcel 4, en el norte de Quito.

Según las investigaciones, en el 2014, Aurelio Q. negó una acción de protección que presentó el pueblo indígena de Pastaza. La idea de la comunidad era oponerse a la construcción de una hidroeléctrica en el río Piatúa.

Según la denuncia presentada por el juez de la Corte de Pastaza, John Álava, el procesado le ofreció dinero a cambio de que ratifique la sentencia dictada en ese caso. Álava aceptó la entrega del dinero para el 3 de septiembre en el restaurante de la ciudad y procedió a informar a la Policía y Fiscalía.

Entre las evidencias presentadas por Fiscalía están USD 37 000 en efectivo (en billetes de USD 100), que se encontraban al interior de las dos cajas de licor. Además, se expuso la versión del juez de la Corte Provincial de Pastaza que presentó la denuncia.

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