Los 14 vehículos del tranvía realizan pruebas diarias de operación en los 20,4 kilómetros de recorrido que tiene la ruta de ida y retorno. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO
La instalación del sistema electrónico de boletos, la aprobación de la tarifa del servicio y tres ordenanzas son los temas aún no resueltos a un mes del funcionamiento del tranvía.
Este sistema de transporte debe operar con los pasajeros desde el 2 de marzo, de acuerdo con el cronograma de la Unidad Ejecutora del proyecto. En la actualidad, hay tres frentes de trabajo con más de 250 personas en actividad permanente.
El primero es el patio taller. 120 empleados, entre administrativos y técnicos, realizan los ajustes al sistema eléctrico y mecanizado, que integra los sistemas de señalización, semaforización y emisión de los boletos para los viajeros.
Los dos primeros están listos y se implementa el boletaje, aunque la tarifa aún no está aprobada por el Concejo Cantonal. Un estudio contratado por el Municipio determinó en USD 0,35 el pasaje, sin embargo dentro de ese valor se debe considerar el porcentaje de pago por el servicio de los buses que serán los alimentadores para la ruta del tranvía.
De esta forma, el usuario pagará una sola vez entre los puntos de conexión, señaló María Palacios, veedora del proyecto. Además, está pendiente la reorganización de las rutas de transporte urbano que dejarán de operar en el Centro Histórico, por donde circulará solamente el tranvía.
Sobre la tarifa y la reorganización del tránsito hay dos ordenanzas, que aún no están aprobadas por el Concejo Cantonal. Según el edil Xavier Barrera, esas normativas deberían estar listas antes de la operación comercial para que todo esté amparado legalmente en un cuerpo jurídico.
El segundo frente de trabajo es la instalación de rótulos digitales de información. Esta labor se cumple en las 20 paradas de la línea tranviaria, entre el Control Sur y el sector de Milchichig, en el norte de la ciudad. En este trayecto, los técnicos y obreros también instalan el cableado para el funcionamiento de la señalética en los 20,4 kilómetros que tiene la ruta de ida y retorno.
El tercer frente es la capacitación práctica de los 45 conductores, que realizan las pruebas sin pasajeros, dentro de la fase de preoperación.
Estos ejercicios se cumplen todos los días con cinco unidades distintas, de las 14 que tiene este sistema de transporte.
Los conductores realizan las prácticas de manejo por turnos. Ellos deben cumplir con un mínimo de 80 horas y máximo de 96, antes de la operación con los pasajeros.
En el Centro de Monitoreo también se realizan los ajustes al sistema tecnológico de los 14 trenes después de las pruebas de recorrido, señaló el director de la Unidad Ejecutora, Jaime Guzmán.
Por seguridad y familiarización con los peatones y conductores, las unidades del tranvía avanzan acompañadas de agentes de tránsito motorizados y de la Guardia Municipal Ciudadana, quienes alertan a las personas y controlan el tráfico en las intersecciones. Las unidades avanzan despacio y su presencia llama la atención de los transeúntes.
Aún no utilizan la velocidad promedio de 42 kilómetros por hora en las avenidas y 20 en el Centro Histórico, como se prevé que lo haga durante la operación definitiva.
A la concejala y fiscalizadora del proyecto, Martha Castro, le preocupa el retraso integral que tiene el proyecto y que no permite avanzar con otros temas, “como definir la operación; por ejemplo, si será manejada por una empresa privada o se creará una municipal”.
Para ello, se requiere de otra ordenanza municipal, que aún no se debate en el Concejo.
Tampoco se cumple la recepción provisional de las obras civiles al consorcio francés ACTN, pese a que el plazo de ejecución terminó el 5 de noviembre pasado.
El último informe de Artelia, empresa fiscalizadora, determinó que –hasta diciembre pasado- tenían 56 días de retraso. Existe una causa legal y ayer se inició un proceso de mediación entre las partes.
En el caso de existir retrasos, el contrato determina una multa del uno por mil del monto total del contrato, que se fijó con ACTN en USD 43 millones. Para Castro, en caso de cobrarse la multa, esos valores podrían cubrir otras necesidades que tiene la Unidad Ejecutora como poner en marcha el sistema, planillas pendientes a los contratistas o el estudio de los costos de operación del nuevo sistema.