El alcalde Marcelo Cabrera ofreció la operación comercial del tranvía para marzo, pero las pruebas siguen. Fotos: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO
Falta una semana para que Marcelo Cabrera culmine su administración en la Alcaldía de Cuenca y tres grandes proyectos quedan pendientes.
El primero es la operación comercial del tranvía y reorganización del transporte urbano. El segundo es la adjudicación del contrato para la construcción de la nueva planta de aguas servidas y, finalmente, completar el paquete de las obras previstas en el programa Barrio para Mejor Vivir.
Cabrera deja su administración con un presupuesto prorrogado de USD 262 millones y una deuda total de USD 137 millones. Además, dos megaparques en construcción y un plan de ordenamiento territorial en proceso de aprobación.
El tranvía fue la principal preocupación de esta administración. Su construcción empezó en noviembre del 2013, con el exalcalde Paúl Granda, y aunque debía funcionar desde marzo pasado, los cuencanos siguen en espera.
El nuevo alcalde, Pedro Palacios, recibirá esta obra sin una tarifa aprobada y con un proceso judicial planteado por el Consorcio Cuatro Ríos de Cuenca (CCRC), que reclama USD 22 millones de indemnización por la terminación unilateral del contrato en el 2017.
En esta semana se cumplirá la última sesión del Concejo Cantonal y el debate de la tarifa no es prioridad, dijo el concejal reelecto Cristian Zamora.
Para Palacios es responsabilidad de la administración saliente fijar esa tarifa “y no trasladar el costo social y político a quien no ha tenido ninguna injerencia en esta obra”.
De acuerdo con un estudio del Municipio, el tranvía necesitará USD 9,5 millones al año para operar, pero si la tarifa se fija en USD 0,35 solo recaudarán USD 4 millones. Ese valor se propuso en este estudio y era analizado por los ediles.
Allí, también, se determinó que el déficit de USD 5,5 millones deberá ser subsidiado por el Municipio y se requieren otros USD 10 millones para el mantenimiento.
En la actualidad, el Municipio asume con dificultad los costos administrativos, mecánicos y tarifas eléctricas de las pruebas, aseguró Zamora.
Estos recorridos fueron recomendados por la firma Metro Tenerife, encargada del acompañamiento, para que la ciudadanía se familiarice con este sistema de transporte.
Del mismo tranvía se deriva otro problema: la integración de los buses urbanos, la reorganización de las rutas y la implementación de los alimentadores. Este proceso implicará la supresión de una línea que tiene la misma ruta de tranvía y otras serán alimentadoras.
Los directivos de la Cámara de Transporte y del Municipio se han reunido en dos ocasiones para analizar el tema, pero no hay acuerdos. A Leonardo Albarracín, presidente de este gremio, le preocupa que la supresión de líneas afecte a los ingresos de la caja común, “del cual dependemos para la renovación de las unidades”.
Cabrera aseguró que ha cumplido con la mayor parte de las obras proyectadas y programadas.
Ese criterio no lo comparten los habitantes de la avenida Del Migrante. María Sisalima y sus vecinos reclaman el asfaltado ofrecido desde hace más de un año. Ayer conocieron, en la Unidad Ejecutora de Barrio para Mejor Vivir, que esta obra quedará pendiente para la nueva administración.
Este programa se ejecuta desde el 2015 con un crédito de USD 60 millones de la CAF y 33 millones de contraparte municipal. En este tiempo se adjudicaron 555 contratos por 145 kilómetros de calles, se construyeron 10 parques y se hicieron estudios y puentes.
Hoy se prevé que se adjudique el último contrato, por USD 400 000, para pavimentar 500 metros en el barrio Santa María de El Vergel, en el sureste de la ciudad. Hasta octubre próximo, la nueva administración deberá comprometer los USD 14,8 millones que están pendientes. Ese plazo lo establece el convenio.
La contratación de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales en Guangarcucho quedó diferida. El Municipio tiene un crédito por USD 70 millones, pero la adjudicación no se concreta.
