5 de enero de 2019 00:00

Transportistas del Ecuador miden su poder negociador

Los dirigentes provinciales del transporte sesionaron en su sede, en el norte de Quito. Foto: Vicente Costales  / EL COMERCIO

Los dirigentes provinciales del transporte sesionaron en su sede, en el norte de Quito. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Mario Alexis González y
Jorge González. Redactores (I)

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En los últimos años, el papel de los gremios de transportistas en el país ha cambiado. Pasaron de ser actores que paralizaban el país con protestas, a influenciadores políticos que consiguen beneficios a través de negociaciones con los gobiernos.

El último paro nacional de este sector fue en agosto del 2011, cuando reclamaron por la proliferación de transportistas informales. Meses más tarde, el expresidente Rafael Correa recibía el apoyo de los transportistas para su reelección. Luego, dos de sus dirigentes, José Zapata y Alberto Arias, fueron incluidos en las lista para asambleístas y ganaron. Arias está reelegido y actuará hasta el 2021.

El gremio consiguió beneficios como la compensación por el cobro de tarifas diferenciadas, el bono de chatarrización, la exención tributaria para importar llantas y aceites.

Sin embargo, desde el último tramo de la administración de Correa, esta relación ha tambaleado. El Régimen pasado reaccionó con nuevos beneficios o cumpliendo con los acuerdos para evitar paros.

Los transportistas escolares complicaron el tránsito este viernes 4 de enero del 2019, en las calles de la capital. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Los transportistas escolares complicaron el tránsito este viernes 4 de enero del 2019, en las calles de la capital. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO


En julio del 2016, por ejemplo, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) reclamó por una deuda de USD 99 millones. Correa de inmediato aceptó, luego de una reunión, pagar USD 30 millones y gestionar el monto restante.

Otro factor que ha pesado en la ausencia de la protesta de transportistas y de otros sectores fue el endurecimiento de las penas. Con la aprobación del COIP en el 2014, se agregaron figuras penales como el sabotaje y terrorismo para juzgar el cierre de vías y la paralización de servicios públicos, por lo que ya no pudieron utilizar el paro como medida de presión, aunque siempre han amenazado con esto.

Ahora la eliminación de subsidios a los combustibles los vuelve a negociar y a exigir. Pese a que el Gobierno ha anunciado que la medida no afectará a los transportistas y que serán compensados, la medida ha dividido a las diferentes ramas del transporte que ponen a prueba su nivel de influencia.

Este viernes 4 de enero del 2019, mientras Jorge Calderón, presidente de la Federación de Operadoras de Taxis, anunciaba que se afinaban detalles de la compensación para pagar USD 1,48 por galón de extra o ecopaís, cuando el precio es de USD 1,85; en Quito, la Asociación de Transportes Escolares protestó en las calles.

Largas filas de buses y busetas amarillas se tomaron las vías. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó sobre la aglomeración en varios puntos de Quito. 6 300 agremiados pertenecen a esa asociación.

Los transportistas protestaron por el alza del precio del diésel. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO


Edwin Guerra, titular de la Asociación, dijo que su pedido es la derogación total del Decreto Ejecutivo 619, que normó el incremento de precios.

En otro sector de la capital, en la sede de la Cámara de Transporte Pesado de Pichincha, se reunieron representantes provinciales de diferentes ramas. Piden ser recibidos también en las mesas de diálogo y que estas no sean solo con las autoridades nacionales.

Carlos Brunis, representante del taxismo, dice que el acuerdo del que habla Calderón no fue consensuado ni que hay nada escrito. Brunis quiere un acuerdo ministerial que garantice la compensación.

El lunes próximo, los dirigentes se reunirán con el Gobierno en Carondelet. Una movilización o paralización nacional no se descarta hasta saber los resultados de esa cita.

Juan Sebastián Roldán, secretario de la Presidencia, dijo en Ecuadoradio que todas las personas están en derecho de protestar, pero indicó que si se afecta al resto de ecuatorianos los sancionarán legalmente. Aclaró, que no utilizarán figuras como sabotaje y terrorismo para criminalizar la protesta.

Roldán cree que los anuncios de protestas se relacionan a una plataforma política de los dirigentes. Abel Gómez, de la Fenacotip, por ejemplo, buscará la Prefectura de Manabí en las elecciones del 2019.

Aunque el dirigente dijo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. “Hoy se presentó el decreto y no porque yo sea candidato no voy a hablar del problema, es evidente que tengo que hablar porque va a afectar al ciudadano manabita y ecuatoriano”, dijo.

También Miguel Anchundia, presidente de ese gremio núcleo en Guayas, correrá para la Alcaldía de Daule. Afirmó que su rechazo a la medida no tiene tinte político electoral.

En ciudades como Guayaquil también Consuelo Flores, dirigente del taxismo amarillo, busca la reelección como concejal con el Partido Social Cristiano. Ella también fue legisladora por Guayas con la lista 6 en el período 2009-2013.

La falta de un liderazgo firme en el Gobierno hace que surjan nuevas aspiraciones electorales entre dirigentes gremiales, dice Oswaldo Moreno, analista de Consultores Políticos Independientes. “Por eso, en época electoral hay nuevos reclamos y ánimos de figurar”.

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