La organización no gubernamental Transparencia Venezuela solicitó hoy a la Fiscalía General que investigue al presidente, Nicolás Maduro, por la supuesta financiación ilegal de la última campaña electoral del fallecido mandatario Hugo Chávez.
La ONG presentó la petición después de la difusión de las declaraciones de la publicista Mónica Moura, esposa del encarcelado asesor político brasileño Joao Santana, sobre la campaña electoral de 2012, cuando Chavez ganó otra reelección.
Esta se basa en las afirmaciones respecto a Maduro le habría pagado, en efectivo, parte del dinero solicitado por ella y su marido para elaborar el concepto de la campaña electoral, con el lema “Corazón de mi Patria”.
Según la ONG Moura aseguró que en 2012 el entonces canciller Maduro la recibió junto a su marido en su despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que en esa reunión habrían acordado que Santana se encargaría de hacer la campaña a cambio de USD 35 millones.
Una parte del pago, USD 11 millones, habría sido hecha en efectivo y con fondos irregulares por quien en aquel momento era el jefe de la diplomacia venezolana. Transparencia Venezuela solicitó también al Ministerio Público que informe sobre el resultado de las gestiones que anunció en enero de 2016, para determinar si funcionarios venezolanos recibieron sobornos de la constructora Odebrecht, tal y como lo admitió el presidente de esa empresa.
El juez del Tribunal Supremo a cargo de la megacausa anticorrupción conocida como “Lava Jato” en Brasil, Edson Fachin, ordenó el jueves 11 de mayo levantar el secreto judicial a las denuncias, hechas por Moura ante la Justicia a comienzos de marzo en su llamada “delación premiada”.
Santana y Moura están acusados de corrupción por “Lava Jato” (“Lavado de autos”), una investigación sobre una enorme trama fraudulenta en torno a la petrolera estatal brasileña Petrobras.
En el marco de esa causa, Odebrecht reconoció no sólo haber pagado sobornos en Brasil para obtener contratos con Petrobras, sino en 11 naciones más, diez de ellas de América Latina.
Venezuela es después de Brasil el segundo país más implicado por Odebrecht en su red de corrupción. La constructora admitió en diciembre de 2016 haber pagado al menos USD 98 millones en sobornos en ese país entre 2006 y 2015 para obtener licitaciones públicas.