1 de marzo de 2020 00:00

La transición marca al gobierno de Lenín Moreno

Tras 2 años del referendo se han realizado 31 nombramientos de autoridades de control. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

Tras 2 años del referendo se han realizado 31 nombramientos de autoridades de control. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

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Andrés García
Redactor (I)
asgarcia@elcomercio.com

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Han pasado dos años y tres semanas desde que los ecuatorianos aprobaron en las urnas iniciar un proceso de evaluación de las autoridades, a través del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (Cpccs-T). En la consulta popular y referendo del 4 de febrero del 2018 también se aprobó eliminar la reelección indefinida, inhabilitar políticamente a los condenados por corrupción y que nunca prescriban los delitos sexuales contra menores de edad.

El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, dijo días atrás en declaraciones de prensa que la “reinstitucionalización” fue uno de los principales logros del Gobierno en la primera mitad de su gestión.

¿La reinstitucionalización continúa? ¿El régimen de Lenín Moreno se concibe como un Gobierno de transición?

La fase de transición marcó al gobierno de Lenín Moreno. Captura video

El historiador Germán Rodas señala que los gobiernos de transición se caracterizan por “amortiguar las tensiones y conflictos económicos y sociales”. Del siglo pasado cita los casos de Clemente Yerovi y Otto Arosemena, quienes lideraron procesos de este tipo.

En cuanto al régimen de Moreno, apunta que se debe evaluar si la transición sirvió para “el reacomodo del poder” o si se orientó en beneficio de los intereses de las colectividades.

El consultor político Gustavo Isch cataloga al período de Moreno como un gobierno de transición, frente a un modelo concentrador. Cree que sin la reinstitucionalización que dio más independencia a las funciones del Estado no se hubiera podido adoptar un nuevo modelo económico, de mayor apertura, para paliar la crisis económica heredada del anterior gobierno.

El politólogo Simón Pachano coincide en que hubo avances y también dice que el régimen de Moreno se perfila como un gobierno de transición.

Aunque cree que el Ejecutivo cometió un error al no plantear la eliminación del Cpccs en el referendo del 2018.

Ambos analistas remarcan que también hay temas pendientes y tropiezos. “Los problemas en la justicia, por ejemplo, no se iban a resolver de la noche a la mañana”, comentó.

Eduardo Mendoza, exintegrante del Consejo transitorio, evalúa positivamente el trabajo que realizaron sus compañeros consejeros, liderados por Julio César Trujillo (+).

Cree que cumplieron lo que les encomendó la ciudadanía. “Se avanzó en la conformación de instituciones independientes, con pesos y contrapesos, bajo una lógica de división de poderes”, manifestó.

Xavier Zavala, también exintegrante del Cpccs, recordó que el mandato que recibieron por más del 60% de ciudadanos fue evaluar a las autoridades de control designadas por el anterior Cpccs.

“Estuve de acuerdo en varios ceses de funciones y en otros no, por diferentes motivos. Al menos de mi parte no se trataba de ‘descorreizar’, sino de revisar y evaluar, que no es lo mismo”, dijo.

La falta de independencia de las autoridades de control con la Función Ejecutiva, encabezada por Rafael Correa, fue el argumento más utilizado para cesar funcionarios. El organismo, que tenía facultades extraordinarias, designó a 31 autoridades de 12 instituciones.

Ahora, los exintegrantes del Cpccs reconocen que hay dependencias que no actúan como pensaban inicialmente.

Zavala, por ejemplo, tiene discrepancias con la designación del Consejo Nacional Electoral (CNE). También cuestionó la conformación de un Consejo de la Judicatura transitorio, antes de nombrar a los funcionarios definitivos.

“Los problemas actuales sobre ciertas autoridades ya no son de nuestra responsabilidad sino de sus titulares”, dice.

Sobre el CNE, que debe organizar las elecciones del 2021 en medio de un permanente conflicto entre consejeros, Mendoza dice que la intención fue que en el Pleno estuvieran representados diversos grupos.

“Si existe algún tipo de discrepancia se debe resolver internamente. De lo contrario se crea desconfianza en la ciudadanía, que pierde la fe en la democracia”, agrega Mendoza.

El Ejecutivo se vincula a esta fase posconsulta popular como una “institucionalización democrática”. Así lo ha sostenido en reiteradas ocasiones la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Isch considera que la lucha contra la corrupción y temas estructurales, como la reducción de la pobreza, inseguridad y desempleo, tampoco han sido resueltos del todo.

En los últimos meses, el presidente Moreno ha dicho que con las reformas económicas que impulsa, el futuro gobierno tendrá mejores condiciones. Algo similar apuntó el secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, cuando comentó que un eventual tratado comercial con EE.UU. beneficiaría no solo al futuro régimen, sino a los venideros.

Finalmente, Eduardo Mendoza apunta que la transición en el país continúa, pero sabe que el proceso podría revertirse. Para evitarlo, cree que se requiere seguridad jurídica, respeto al Estado de Derecho, y “sobreponer al país por encima de intereses partidistas”.

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