44 causas están en trámite en el TCE tras primera vuelta electoral

El candidato presidencial Yaku Pérez acudió el lunes pasado para apelar los resultados de los comicios en el Tribunal Contencioso Electoral. Foto: EL COMERCIO

El candidato presidencial Yaku Pérez acudió el lunes pasado para apelar los resultados de los comicios en el Tribunal Contencioso Electoral. Foto: EL COMERCIO

El candidato presidencial Yaku Pérez acudió el lunes pasado para apelar los resultados de los comicios en el Tribunal Contencioso Electoral. Foto: EL COMERCIO

La apelación presentada por Pachakutik a los resultados de los comicios es una de las 44 causas que están en trámite del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), tras la primera vuelta del 7 de febrero.

Además de esta causa, hay dos acciones relacionadas con los escrutinios para asambleístas en Bolívar y Tungurahua, una cantidad que aún no refleja si todas las organizaciones políticas están satisfechas con los resultados. Las 41 restantes son por otros motivos.

De acuerdo con información del ente, esta situación se da porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no termina de proclamar los resultados para los 137 integrantes de la Asamblea. Una vez que esto ocurra, hay 72 horas de plazo para impugnar los resultados.

El consejero del CNE José Cabrera descarta que estos recursos puedan retrasar el balotaje del 11 de abril.

“El calendario electoral se estableció conjuntamente con el TCE, que es el organismo de última instancia en materia electoral”, argumentó.

Cuando se presenta un recurso de este tipo, el Tribunal tiene un plazo de 24 horas para admitir a trámite y hasta 15 días para una resolución, pero Cabrera confía en que el ente no se tomará el plazo máximo para que la campaña presidencial por la segunda vuelta se inicie el próximo 16 de marzo.

“Si es necesario contratar más gente, espacio, para resolver lo más pronto posible en el caso hipotético que esta sea la resolución”, sostuvo sobre la demanda de Pachakutik.

La coordinadora del movimiento indígena, Cecilia Velasque, manifestó que hoy acudirán para completar los requisitos solicitados por el juez electoral, Fernando Muñoz.

“Vamos a esperar la respuesta que nos vayan a dar. Dependiendo de eso todavía podemos apelar”, dijo, al tiempo de advertir que no descartan acudir a instancias internacionales. Ayer, la Coordinadora Andina de Derechos Humanos pidió al TCE que atienda los reclamos y garantice transparencia en el proceso.

Las 41 causas que están en trámite del TCE tienen que ver con infracciones electorales o acciones de queja por la actuación de autoridades del CNE y con infracciones. Por ejemplo, una que presentó el colectivo Unes para que se sancione al contralor Pablo Celi, por haber requerido una auditoría informática al sistema electoral, el 21 de febrero pasado.

La causa contra Celi está pendiente de resolución, aunque la semana pasada este organismo ya negó una acción similar presentada por el mismo grupo que pretendía la destitución de la fiscal General, Diana Salazar, por supuesta injerencia en el proceso electoral.

Para estos casos, el TCE tiene 30 días de plazo en primera instancia y 15 en segunda instancia para resolver.

Otra de las causas es una queja del defensor del Pueblo, Freddy Carrión, en contra del movimiento Sur de la provincia de El Oro por haber usado ‘spots’ con presunta violencia política o de género en la pasada campaña electoral.

Dos procesos similares (una contra un candidato presidencial y un asambleísta de Manabí) terminaron en el archivo por falta de pruebas.

La experta en temas electorales Dayana León consideró que en algunos actores políticos y sus patrocinadores hay desconocimiento de los reglamentos en materia electoral que fueron emitidos en aplicación de las reformas al Código de la Democracia.

“En relación a la sanción a la violencia política porque la normativa es reciente no existen mecanismos claros para que la gente sepa cómo denunciar. A veces, las mujeres víctimas no tienen los recursos”, manifestó la experta.

Sin embargo, la causa que mayor tiempo ha tomado al TCE tiene que ver con Justicia Social, tras la fallida inscripción de sus candidaturas. Ayer el ente resolvió comunicar el caso a instancias internacionales, mientras el proceso está suspendido por recusaciones a las autoridades.

A su vez, el ente emitió ayer (3 de marzo del 2021) un comunicado en el que exigió a las autoridades económicas del Gobierno Nacional la “inmediata entrega de recursos” para poder operar.

El TCE señaló que enfrenta un déficit presupuestario de -76,86%. Aunque no precisó un monto, datos del Ministerio de Finanzas refieren que el año pasado tuvo una asignación de USD 2,6 millones.

Procesos

21 de febrero
Unes pidió al TCE que se sancione al contralor subrogante, Pablo Celi, por supuesta interferencia en el proceso al haber solicitado una auditoría informática electoral.

22 de febrero
El Tribunal admitió a trámite una denuncia por supuesta violencia política en la campaña del movimiento Sur. La queja proviene de la Defensoría del Pueblo.

2 de marzo
El juez Fernando Muñoz concedió 24 horas a Pachakutik para que complete los requisitos y así tramitar el reclamo sobre resultados de los comicios.

3 de marzo
Al organismo ingresó una apelación a los resultados de las elecciones de asambleístas en Tungurahua. Mientras tanto, el ente reclamó por recursos.

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