Padres y madres se organizaron para proteger a sus hijos dentro y fuera de un plantel de Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
Con voz tierna, Leo (nombre protegido), de 5 años, repite el nombre de su presunto agresor, casi como si fuera un disco rayado. Lo acompaña con la frase: “Ya no quiero vivir”. Los recuerdos de la supuesta agresión sexual rondan en su cabeza, relatan sus padres, María y Fabián.
El hecho se registró en abril en una institución educativa de la capital. Tras retirarlo de clases, su madre descubrió una mancha de sangre en su ropa interior. Nerviosa le preguntó sobre lo ocurrido. El niño titubeó y dijo: “Él tocó”.
María (nombre protegido) puso inmediatamente la denuncia en la Fiscalía. Ahí le hicieron los primeros exámenes, ya que su órgano genital había sufrido un desgarro. El periplo duró toda la noche e incluyó entrevistas al niño, visita a una UPC y chequeos médicos.
Además, la señora informó del caso en el plantel, ya que el presunto agresor sería un docente de cultura física.
En estos casos se dispone la separación inmediata del docente de las actividades pedagógicas y administrativas, según el Acuerdo Ministerial 2017-00088-A, emitido en octubre. Esto desde la colocación de la denuncia hasta que termine la investigación.
Esa regla no se cumplió. Tras ocho días -afirma María- el docente seguía en la escuela, que tiene tres denuncias más.
En ese punto la contradice la subsecretaria de Educación de la urbe, María Augusta Montalvo. Ella asegura que la autoridad de esa institución sí cumplió con los protocolos.
En el país se reportaron 3 300 denuncias por violencia sexual. De ellas, 1 623 ocurrieron en el sistema educativo y 1 677 fuera. Las cifras van desde enero del 2014 a mayo del 2018. Lo confirma María Fernanda Porras, subsecretaria para la Innovación Educativa.
Ella reconoce que hay un subregistro. “No todos denuncian. Hay amenazas y miedo”.
Del total de casos de abuso sexual, solo el 15% se denuncia y apenas el 5,3% alcanza una sanción, según Unicef.
Los padres del chico no tuvieron miedo. Pero encontraron trabas como procesos judiciales lentos, desconocimiento y visitas a muchas entidades. Así llegaron a Rescate Escolar, que ayuda en todo tipo de violencia en planteles.
Su directora, Sybel Martínez, critica que aún no se logre una articulación entre las entidades encargadas de receptar y resolver las denuncias. Esto pese a que desde hace un año, ministerios de Educación, Justicia y otras entidades como Fiscalía anunciaron una cruzada de cero tolerancia al abuso.
A esto se suma la falta de celeridad en los procesos judiciales, reconoce Montalvo. Ella expresó su inconformidad por la forma en la que se manejó ese caso. “El niño ya está en otra escuela. Pero pedimos mayor agilidad en justicia”.
Leo está en tratamiento con expertos de la Defensoría del Pueblo. Empezó en junio, dos meses después de la agresión. El miércoles 27 de junio se dio la audiencia de formulación de cargos. Se le dictó prisión preventiva al docente pero “no se sabe dónde está”, critica el padre.
Los casos de violencia sexual pusieron a trabajar a contrarreloj a la Cartera de Educación, que anunció acciones como la toma de pruebas psicométricas en noviembre del año pasado. Siete meses después, finalmente se lo hará, desde el 3 hasta el 10 de julio.
En total rendirán la evaluación 163 999 maestros fiscales en el país. Si un docente no cumple con un perfil conductual favorable, el Ministerio de Salud le dará una psicoterapia e identificará si es o no apto para ofrecer sus servicios.
Penosamente, no hay una estrategia igual pensada para los planteles privados del país.
Pero las acciones no solo vienen del Estado. Los padres también se han organizado. En un plantel de Guayaquil, donde estudian 1 800 niños, cuatro profesores de secundaria fueron acusados de abuso sexual y tortura contra un grupo de estudiantes de 7 años. El caso desató protestas y disparó las denuncias de violencia sexual.
El 13 de octubre, el Ministerio de Educación inició un proceso de intervención, que incluyó una auditoría y acompañamiento psicológico. La subsecretaria de Educación de la Zona 8, Ericka Laínez, asegura que hay un avance del 99% y
que está a punto de concluir.
Ahora la institución tiene guardianía privada, hay un nuevo equipo en el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) y se consolidó la escuela para padres. Además hubo un cambio de docentes y se buscaron perfiles idóneos. Así se refleja en la auditoría.
También hubo cambios en la infraestructura. Los baños, el sitio donde ocurrían los abusos, ahora tienen ventanales en las puertas. Y casi siempre hay maestros o padres vigilando.
En brigadas, madres controlan las canchas, cuidan bajo las escaleras y los corredores de las aulas, también recorren los patios laterales y los baños.
El Ministerio también nombró un interventor para otro colegio de Guayaquil, donde un docente reconoció que abusó sexualmente de sus alumnos de preescolar. Ocurrió en noviembre y hay 16 denuncias.
No olvide
Identificar un hecho de violencia e informar a las autoridades del plantel es una obligación.
Elaborar informes y comunicarlos a los padres son reglas, en el protocolo.
Si una emergencia se presenta hay que acompañar al menor. Y colocar la denuncia.
El seguimiento es obligación de la autoridad del plantel, así como brindar protección.
