16 de octubre de 2018 00:00

El Ecuador tiene 2 300 trabajadores sustitutos

Alejandro Peñaherrera pide el trabajo sustituto por Matías, su nieto con discapacidad. Roberto Peñafiel / EL COMERCIO

Alejandro Peñaherrera pide el trabajo sustituto por Matías, su nieto con discapacidad. Roberto Peñafiel / EL COMERCIO

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 2
Indiferente 0
Sorprendido 2
Contento 5
Valeria Heredia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El pequeño Matías, subido en el lomo de un caballo, completa una terapia para su discapacidad severa. Alejandro Peñaherrera, su abuelo, mira al niño de casi 3 años e imagina cómo ayudarlo más. La primera idea que recorre su mente es conseguir un trabajo.

Desde el año pasado, este economista y contador de 47 años está desempleado. Por lo que trató de obtener la condición de trabajador sustituto de su nieto con discapacidad física e intelectual.

Ese camino no ha sido fácil, ha enfrentado varios inconvenientes, sin éxito. Cuando empezó con el trámite, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) le entregó un certificado como sustituto pero sin inclusión laboral.

La Ley Orgánica de Discapacidades -aprobada en 2012- introdujo la figura de trabajador sustituto para padres y representantes legales de niños y adolescentes. Así garantiza el derecho al empleo y un sustento económico a estas personas consideradas más vulnerables.

La normativa incluye a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad (hermanos, abuelos o primos); y segundo de afinidad (cónyugues y pareja en unión de hecho).

¿Qué pasó con Peñaherrera? La respuesta que le dieron es que Matías aún no ha cumplido los 15 años, edad en la que se calcula alguien podría acceder a un trabajo. Ha emprendido acciones para lograr la inclusión laboral, ya que el niño necesita operaciones, etc.

Hasta ahora, por ejemplo, el pequeño no puede caminar ni hablar y sufre convulsiones, por lo que un trabajo solventaría tratamientos, terapias y cirugías. Lo dice Alejandro, sostén de su familia, conformada por dos hijos y el nieto.

Su primogénita y madre de Matías tiene 17, estudia y no tiene el apoyo del padre del niño.

En el país, 2 300 sustitutos de personas con discapacidad consiguieron un trabajo. Representan el 3% de la cuota del 4% de esa población, que debe ser incluida en empresas públicas y privadas, según la Ley.

Las entidades pueden repartir ese porcentaje así: 2% de gente con discapacidad y 2% de sustitutos. Hasta mediados de año, el total de incluidos fue de 66 000 personas a escala nacional. Lo detalla Tatiana Rosero, secretaria técnica del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis). “Hay gente con el certificado (de inclusión laboral), pero no trabaja”.

Para Rosero, las cifras son positivas, ve una inclusión directa a personas con discapacidad, para quienes se pensó en este beneficio. Y reconoce que la norma puede mejorar.

Y así se hizo. El pasado 21 de agosto, el Ministerio de Trabajo emitió el Acuerdo MDT-2018-180, en el que se especifica cómo se calificará a los interesados en el certificado.

Hay tres tipos de sustitutos. El primero es padre, madre o representante legal de niños o adolescentes con una discapacidad igual o mayor al 30%. No solo de mayores de edad.

El segundo es un pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o que tenga bajo su cuidado a alguien con discapacidad severa igual o mayor al 75%. Pero aplica para mayores de 18.

Hay un tercer sustituto y es el solidario, que no tiene parentesco de consanguinidad o afinidad pero lo cuida.

“Estos cambios ayudan porque antes se malentendió la Ley”, explica María Cristina Kronfle, consejera principal de Conadis y exasambleísta que impulsó la norma.

Ella reitera que no puede existir un sustituto sin inclusión laboral. Su pronunciamiento se basa en que los derechos tienen dos caras: gozo y ejercicio. El primer término lo tienen todos (personas con discapacidad y familias). Pero el segundo no, ya que depende de la condición de cada uno.

La discusión para incluir estos cambios en la normativa tardó varios meses, pero se consiguió. “Ya no existe el sustituto sin inclusión”, expresó.

Otro cambio planteado es que el Ministerio de Trabajo será el encargado de emitir los certificados de inclusión desde el lunes 22 de octubre. Antes lo hacía el MIES. Desde esa misma fecha, esa Cartera solo entregará el certificado a los sustitutos solidarios.

El MIES, durante los cuatro años de emisión del documento, entregó 3 607 certificados con y sin inclusión laboral. Pero desconoce el número de personas insertadas efectivamente a un puesto de trabajo.

Esa situación debía mejorarse, por lo que la rectoría de Trabajo será beneficiosa, opinó Juan Carlos Ordóñez, analista de Protección Familiar en la Dirección de Cuidado de Personas con Discapacidad del Ministerio de Inclusión.

María Dolores Perugachi tiene 54 años y es madre de Silvia, de 38 años. La discapacidad de la joven alcanza el 84%.

Cuando sacó el certificado, ya trabajaba en el área de cocina de un centro de atención del MIES. El documento le ayudó a garantizar su estabilidad. “Ya es un beneficio”, dice.

Adicionalmente, pudo obtener la reducción de la jornada laboral de ocho a seis horas laborables, tiempo que utiliza para llevar a su hija a la terapia, que consiste en ejercicios físicos y psicomotrices. “Fue un trámite largo, pero con perseverancia lo logré”.

Otro caso es el de Rosa Chica, ama de casa de 49 años. Ella también es madre de un adolescente, de 14, con discapacidad física e intelectual del 87%. No sabía sobre los beneficios del certificado.

Ahora que se enteró espera, al igual que el abuelo de Matías, conseguir un trabajo. La meta: sostener a sus seres querido, que por años han sido su vida, su fortaleza y su alegría.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (5)
No (1)