La última quincena de noviembre de 2001, a pocos días de las fiestas de Quito, el Municipio tomó la decisión de cerrar definitivamente 14 casas de tolerancia en el sector de la avenida 24 de Mayo, en el Centro Histórico.
El alcalde de ese entonces, Paco Moncayo, anunció que la clausura era irreversible y que tenía un sitio alternativo para las 450 mujeres. El proyecto no se concretó y las trabajadoras sexuales salieron a protestar. Esto evidenció las condiciones en que laboraban, los abusos que sufrían por parte de sus clientes. Denunciaron el trato al que estaban sometidas por algunas autoridades. En la comunidad se empezó a nombrar a estas mujeres como trabajadoras sexuales y se dejó los nombres peyorativos. Asimismo, se evidenció la falta de planificación urbana.
Los funcionarios municipales explicaron que el cierre se debió al cumplimiento de la Ordenanza que regula el uso del suelo, expedida en el Registro Oficial 310 el 5 de mayo de 1998.
Según esa normativa, este tipo de negocios deben ubicarse en zonas industriales. Pero eso no se podía cumplir, ya que varias áreas, que supuestamente eran para este tipo de actividades, estaban urbanizadas, por lo cual sus vecinos se negaban a la apertura de casas de tolerancia.
Luego de seis años, en enero de 2007, se abrió la Cantera, en el sector de San Roque. Ahí laboraban 500 mujeres, pero su negocio no prosperó, hoy están menos trabajadoras. El problema no está resuelto y las zonas de tolerancia en Quito aún no están marcadas.
El testimonio de aquellos días
Elizabeth Molina. Ex trabajadora sexual
‘El Municipio de la capital nos quitó el pan de la boca’
Redacción Quito
El cierre de 16 casas de tolerancia en el sector de la 24 de Mayo, entre los meses de agosto de 2000 y 2001 afectó la vida de más de 600 trabajadoras sexuales y sus familias.
Luego de largos diálogos con las autoridades municipales, el cierre de estos locales fue aplazado hasta buscar una alternativa para la reubicación de las trabajadoras sexuales de la zona.
¿Por qué está aquí?
Su experiencia. Es coordinadora de la Red de Trabajadoras Sexuales del Ecuador. Desde su cargo promueve la integración digna en la sociedad y una mejor calidad de vida de las trabajadoras sexuales. El pasado octubre pidió al Gobierno que su trabajo sea reconocido legalmente como una actividad laboral.Sin embargo, este proceso fracasó y nos sentimos traicionadas por las autoridades locales, especialmente por el alcalde Paco Moncayo y la administradora zonal, Lourdes Rodríguez. Ellos desconocieron el proceso de diálogo y ordenaron el cierre de estos negocios.
Estos se iniciaron en agosto de 2000. En esa época yo trabajaba en un local llamado Noches de París. La mañana en la que se produjo el desalojo solo se escuchó el sonido de pesadas cadenas y candados que advertían la presencia de un gran número de policías.
En medio de gritos y ruegos, las compañeras eran sacadas de sus cuartos. Muchas corrían por las escaleras y pasillos en trajes de baño y ropa interior. Todas entramos en desesperación y algunas solo alcanzamos a sacar nuestra ropa.
De un momento a otro nos vimos en la calle sin saber qué hacer. Eso incrementó la angustia de muchas compañeras, de cuyo trabajo dependía el sustento de sus hogares.
El alquiler de las viviendas, las medicinas de los hijos enfermos y las pensiones de los colegios se volvieron nuestras principales preocupaciones. El Municipio nos quitó el pan de la boca sin ninguna consideración.
Algunas dejaron el sector mientras que las que nos quedamos empezamos a organizarnos y a los tres días del cierre nos tomamos la calle Loja.
Desde ese día tomamos la decisión de seguir trabajando en la calle. Muchas se fueron hacia el sector de La Ronda o San Francisco y otras avanzaron hasta la Plaza Grande. Esto, sin embargo, implicaba estar expuestas a muchos riesgos.
El proceso de clausura terminó en 2001 y nadie nos ofrecía una solución. La medida no solo afectó a las trabajadoras sexuales, sino también a los comerciantes de la zona. Las tiendas, restaurantes, hoteles, peluquerías y hasta el médico al que recurrían las muchachas para practicarse un aborto clandestino perdieron con el desalojo.
Un poco más organizadas iniciamos un nuevo proceso de diálogo con el Municipio. Luego de un año y medio del cierre se realizó una gran marcha que convocó a las trabajadoras sexuales que seguían en la calle y varias organizaciones que apoyaban la causa y exigían una solución. La marcha llegó al Municipio donde las trabajadoras sexuales propusimos establecer una zona de reubicación y la creación de una microempresa de trabajo sexual.
En junio de 2003, alquilamos una casa en la calle Quijano. Hicimos adecuaciones y empezamos a trabajar bajo techo. Ese mismo día, un grupo de moradores organizaron una protesta y tuvimos que cerrar el local y volver a las calles.
Los medios de comunicación jugaron un papel muy fuerte en este proceso. Incluso el vehículo de un periodista de televisión fue apedreado por cubrir la marcha de las trabajadoras sexuales hacia el Municipio.
En 2006 el Municipio entregó una casa de 12 habitaciones. Entre el malestar de algunos vecinos, La Cantera se convirtió en el nuevo sitio de trabajo de cerca de 120 compañeras.