Belén Díaz esperaba recibir en octubre del año pasado su nueva casa, ubicada en la urbanización Olivos del Río, en el kilómetro 1,6 de la autopista Terminal Terrestre, en Guayaquil. Ha pagado USD 17 000 a la inmobiliaria Terrabienes.
El incumplimiento en el plazo de entrega de la vivienda generó que ella, al igual que otras 100 personas, presentaran una denuncia en la Defensoría del Pueblo. El próximo 25 de febrero asistirán a una audiencia.
Luego de conocer que la inmobiliaria, propiedad del Grupo Ortega Trujillo, está intervenida por la Superintendencia de Compañías junto con Ecuafontes (centro médico Medikal) y la concesionaria Anglo Automotriz, Díaz quiere que su dinero sea devuelto.
La autoridad de control intervino las tres firmas a finales de enero pasado, y este mes solicitó ante un juez de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil que se dictara varias medidas cautelares contra las 82 empresas del Grupo Ortega y 30 de sus representantes. Ese pedido se aceptó el pasado 9 de febrero.
Diario Expreso informó que la Superintendencia solicitó el levantamiento de las medidas para ocho empresas y 16 personas naturales. Hasta el cierre de esta edición no hubo confirmación de si fue aceptado.
Mediante un comunicado, la entidad dijo que las inspecciones a varias empresas del Grupo Ortega Trujillo empezaron el último cuatrimestre del año pasado. “Se realizaron inspecciones a varias compañías del grupo y se descubrieron varias prácticas que se consideraron potencialmente peligrosas y con secuelas anómalas”, dice el comunicado.
Entre las supuestas anomalías está la mora en el pago de dividendos por emisiones de obligaciones en el mercado de valores y el retraso en la entrega de unidades habitacionales en proyectos inmobiliarios.
La tarde de ayer, un empleado de Terrabienes comunicaba a los clientes que el próximo jueves los gerentes de la empresa convocarán a una reunión para hablar con quienes deseen la devolución de su dinero.
Terrabienes ejecuta cinco proyectos inmobiliarios en el norte de Guayaquil, según la Superintendencia. Y tiene obligaciones en el mercado bursátil por USD 246 044, 93.
Anglo Automotriz, en cambio, tiene deudas por USD 487 116,56. El pasado 23 de enero, la calificadora Sociedad Calificadora de Riesgos Latinoamericana ubicó la cuarta, quinta y sexta emisión de obligaciones de Anglo en la categoría de riesgo E. “Ante el pronunciamiento de la empresa emisora de no poder cumplir con los pagos debidos por lo títulos en circulación en los términos y plazos pactados al momento de la colocación”, dice un comunicado de la calificadora.
De los cuatro locales de la concesionaria, dos ya no estaban funcionando ayer. En el local de Samborondón se procedió a retirar los letreros y las puertas estaban cerradas; mientras que en los patios de la matriz, en la avenida Presidente Luis Cordero, no hay autos en venta. “Ya no somos concesionaria Chevrolet”, dijo uno de los empleados.
Por su parte, en Medikal, que según la calificadora de Class International Rating, tuvo una calificación B+ hasta diciembre del año pasado, la atención se da con normalidad, aunque también está intervenida.
En contexto
Entre las medidas cautelares que se ordenaron para las 82 empresas están la prohibición de enajenación de bienes y la retención de fondos. La Superintendencia solicitó que se levantaran todas las medidas para ocho empresas.