10 de August de 2009 00:00

Terminación unilateral

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Benjamín Rosales

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Como es mi costumbre, en este artículo solo busco defender intereses del estado ecuatoriano y no particulares.  Hace casi dos meses estalló el escándalo sobre contratos que empresas relacionadas con Fabricio Correa tienen con diferentes organismos estatales, y parece que el asunto quedó resuelto con la orden presidencial de que esos organismos den por terminados los mismos de manera unilateral, es decir sin el consentimiento de los contratistas y sin que existan motivos contractuales para hacerlo.  Algunos comentaristas y políticos han advertido que esa manera arbitraria de terminar los contratos, puede causar que las empresas afectadas demanden al Estado y eventualmente reciban millonarias indemnizaciones por daños y perjuicios.

Por otro lado, al terminarse los actuales contratos, las obras van a sufrir retrasos, pues tendrá que haber un nuevo proceso para seleccionar otros constructores;  seguramente los contratos para terminar las obras, por obvias razones, tendrán costos más elevados que los actuales;  y habrá problemas en recuperar los anticipos entregados.  En definitiva, las obras costarán más y se demorarán si se da una terminación unilateral de los contratos.

Por esas razones, creo que es más conveniente exigir a los contratistas cumplir con sus compromisos contractuales.  De acuerdo con los medios de comunicación, estos están ejecutando los trabajos según lo programado.  La Contraloría debe revisar los procesos y de comprobarse que los contratos no fueron obtenidos con sobreprecios o ventajas especiales, como afirma el hermano del Presidente, hay que dar la oportunidad a que se cumplan los contratos sin que se perjudique el Estado.  Si los contratistas hacen eficientemente un buen trabajo, obtendrán alguna utilidad porcentual al costo de las obras;  si han tenido errores en los cálculos o en los procesos, podrán incluso, como ocurre en cualquier empresa de riesgo, sufrir perdidas.

Por aquello de que “la mujer del César no solo debe ser honesta sino parecerlo”, pese a su experiencia como empresario, Fabricio  no debió buscar  contratos en la presidencia de su hermano. 

Así los hubiera obtenido sin privilegios ni influencias,  hacerlo podría afectar políticamente al Presidente.  Una vez producido el escándalo, la reacción gubernamental debe ser prohibir nuevos contratos entre ninguna entidad del Poder Ejecutivo con empresas relacionadas con  hermanos o parientes cercanos al mandatario, fiscalizar de manera especial el cumplimiento de contratos ya existentes, investigar a funcionarios que los suscribieron, según el gobierno, contrariando ordenes presidenciales.  La terminación unilateral es inconveniente pues significa un perjuicio inmediato en cuanto al costo y tiempo de las obras y una posible onerosa demanda contra el Estado.

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