‘Actualmente el país atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de inseguridad ciudadana, debido a que vivimos un azote delincuencial sin precedentes”’ sostiene el asambleístas Dr. Andrés Páez Benalcázar. Agrega: “ ‘ los responsables de delitos no han sido sancionados, y apenas un 2% de los infractores han sido juzgados lo cual implica que el 98% de los delincuentes vuelven a las calles para seguir delinquiendo, hecho que hace infructuoso el valiente y decidido trabajo que realiza la Policía Nacional”.
El asambleístas, uno de los pocos no sometidos al Poder Ejecutivo, deja constancia de lo que sigue: “Presenté a la Asamblea Nacional mi propuesta para que se incluya en la legislación penal lo relativo a acumulación de penas para delitos reprimidos con reclusión. Lamentablemente, la mayoría oficialista se opuso a este proyecto”’
En vista de tanta dificultad para combatir la delincuencia, que nos tiene asustados a todos, el asambleísta ha pedido que tenga lugar una reforma penal ‘ “a despecho del oficialismo que continúa empeñado en malinterpretar las normas penales para favorecer a la delincuencia y dejar en total desamparo a la ciudadanía honrada y trabajadora”. Para consulta popular pide al Consejo Nacional Electoral aprobar dos preguntas: a) si deben acumularse y endurecer las penas para delitos atroces, como: violación, homicidios, asesinato, secuestro con muerte de la víctima, delitos contra la administración pública y delitos de lesa humanidad; b) una segunda pregunta sobre si el votante ecuatoriano estaría de acuerdo que el Estado suministre, a través del presupuesto, durante cinco años, recursos económicos suficientes para destinarlos exclusivamente a la reforma integral y mejoramiento del sistema penitenciario.
Hoy, ante la avalancha delictiva, los responsables de evitarla acuden –como casi todo en nuestro país- atribuir la culpa a otros. Los policías dicen que su trabajo es infructuoso porque los jueces otorgan la libertad; los jueces indican que su tarea es aplicar la ley; y ya sabemos que las leyes penales en el Ecuador son altamente favorables a la delincuencia; los otros, le echan la culpa a los fiscales, sin advertir la inmensa cantidad de casos que deben atender y la carencia de ayudas suficientes para la investigación.
Atribuir la culpa a los jueces es propio de personas sin conocimiento de la realidad judicial: el delincuente tiene muchas ayudas, como por ejemplo el hábeas corpus si no ordenan la prisión en 24 horas; si pasa esa fase, la fianza, para obtener la libertad; si se tramita el juicio es imposible que en seis meses o un año los jueces pronuncien sentencia, por cien razones que vienen al caso en este momento; y, entonces, funciona la Constitución de la República que ordena la libertad porque no ha habido sentencia en ese lapso.