Algunos refugiados de Colombia buscan que se los envíe a otros países. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
Tres años después de la firma de paz en Colombia, los grupos armados y la violencia aún empujan a los colombianos a refugiarse en Ecuador.
Datos oficiales de la Cancillería revelan que desde el 2016 hay un incremento en el número de ciudadanos que buscan refugio. El año pasado hubo 5 264, en cambio en el 2017 se registraron 4 752.
En ese mismo año, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) emitió un informe, en el que señala que tras el acuerdo de paz “en Colombia hubo un aumento de la violencia y los desplazamientos por nuevos actores armados”.
Además, el documento dice que esa situación ha provocado “riesgos humanitarios y de protección, como asesinatos, reclutamiento de menores, acceso limitado a educación y desplazamientos forzados”.
Por ejemplo, Vanessa llegó a Ecuador junto a su esposo e hijo hace 10 meses. Huyó de Bogotá (Colombia) tras recibir la visita de dos encapuchados que le apuntaron en la cabeza y le dijeron que tenía 24 horas para salir del país o la matarían a ella y a sus familiares.
Por eso tuvo que dejar su trabajo como médica ocupacional y viajar a Ecuador. Ella es una de los 120 refugiados -entre hombres, mujeres y niños- que pernoctaron por un mes en los exteriores de las oficinas de Acnur, en el norte de Quito. Pero el pasado 4 de julio la Policía los retiró de la calle y fueron traslados a hoteles en el norte y sur de la capital.
Luego de dos semanas salieron de los hoteles y armaron un campamento en los exteriores de la Plataforma Gubernamental del sur. Ahora están en dos refugios municipales.
Acnur dice tener la “disposición de recibir y atender a las familias de manera individual y entablar un diálogo”.
Por eso solicitaron un listado de las familias y sus datos básicos. Pero Acnur asegura que esa información no ha sido proporcionada.
Este grupo de refugiados solicita ser trasladado a un tercer país, fuera de América Latina, pues aseguran que en Ecuador aún reciben amenazas de grupos armados. También piden protección internacional.
Por ejemplo, Marco y su esposa señalan que desde que llegaron a Ecuador, en agosto del año pasado, han recibido dos llamadas de desconocidos.
Les dijeron que tenían 48 horas para irse del Ecuador.
Él recordó que, en marzo del año pasado, su esposa fue secuestrada durante tres días por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ella es enfermera y los armados querían que se uniera a la agrupación, se negó y la agredieron sexualmente. Él dice que antes de ser liberada, los guerrilleros le advirtieron que si denunciaba matarían a su familia. Pero la mujer puso la denuncia en la Fiscalía.
Luego viajaron vía terrestre a Cali, Bogotá, Buenaventura y llegaron a Ecuador.
Por las últimas amenazas que recibieron, solicitaron a Acnur que se les enviara a un tercer país, con que Ecuador tiene convenios, como Canadá, Nueva Zelanda o EE.UU., pero aún no reciben respuesta.
La Fundación Internacional de Colombianos en el Exterior dice que de las personas que armaron el campamento en la calle hay 17 familias a las que les negaron ese pedido y 47 que aún esperan respuesta.
Acnur indica que los cupos para ese proceso, denominado reasentamiento, son limitados. Según la organización, a nivel mundial menos de 0,4% de los más de 25,9 millones de refugiados fue reasentado el 2018. Además, precisó que las decisiones finales las determinan los países receptores.
En el campamento de refugiados también hay líderes sociales que fueron víctimas de los grupos irregulares. Orlando fue uno de ellos. Él defendía las tierras que los narcos les arrebataban a los campesinos. Hace dos años fue interceptado por un grupo paramilitar y lo amenazaron con un arma de fuego. Por eso salió de su país.
Según Acnur, en Colombia hay “un alto riesgo en la seguridad de quienes apoyan los procesos judiciales contra la minería y los cultivos ilícitos.