La decisión del Tribunal Supremo mantiene el bloqueo a las medidas migratorias del presidente Barack Obama, pero aún queda vigente el decreto ejecutivo de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) de 2012 y que se renovó en 2014 por tres años más. Foto: EFE
Indocumentados que esperaban cambiar su estatus migratorio en EE.UU. expresaron el viernes 24 de junio del 2016 con desilusión y un renovado temor a la deportación tras el fallo de ayer del Tribunal Supremo que bloqueó las medidas migratorias emitidas por el presidente Barack Obama en 2014.
Los ocho jueces del Tribunal Supremo empataron en su decisión sobre las medidas de Obama, remitieron el caso a un tribunal inferior y dejaron en el limbo a casi cinco millones de inmigrantes indocumentados.
Obama ya ha ejecutado parte de las medidas de deportación diferida para jóvenes inmigrantes indocumentados, conocida como DACA, pero con la decisión del Supremo queda suspendida una ampliación de la misma y otra que beneficiaba a padres indocumentados de residentes legales (DAPA).
“Me pasé toda la mañana llorando, deprimida, porque una vez más se me cayeron las ilusiones”, dijo hoy a Efe la nicarag ense Bertha Sanles, quien ha vivido indocumentada junto a su esposo durante 16 años en el área de Miami (Florida).
Con una hija de 22 años que fue amparada por la Acción Diferida para jóvenes de 2012 y un hijo ciudadano de 11, Sanles comenzó a ahorrar dinero y a poner sus documentos en orden desde el momento en que Obama anunció las medidas en 2014.
“Yo quería estar preparaba y juraba que el fallo del Supremo Tribunal iba a ser positivo, pero desafortunadamente fuimos víctimas de la politiquería y la manipulación”, lamentó.
En el caso de la mexicana Berenice Alonso la situación es dramática porque su esposo, José Juan Moreno, buscó santuario (refugio que protege a los indocumentados) en una iglesia cristiana del sur de Chicago, el 15 de abril, para evitar ser deportado y ella se quedó sola al cuidado de sus cinco hijos.
“Mis hijos son ciudadanos y yo confiaba en DAPA, pero mis esperanzas se desvanecieron”, afirmó a Efe desde Bolingbrook, un suburbio ubicado al oeste de Chicago.
Alonso maneja diariamente sin papeles para ver a su esposo, “siempre con mucho miedo por las redadas”.
Moreno, de 34 años, tiene el antecedente de haber sido detenido en 2009 por manejar ebrio, lo que habría sido el determinante para que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) lo colocara en la lista de prioridad para deportación y rechazara todas sus apelaciones.
Alonso dijo que su única esperanza es que ella apele a DACA, porque llegó de Zacatecas (México) a los 16 años y podría recibir un estatus temporal y el permiso de trabajo que tanto necesita para mantener a sus hijos.
Para la boliviana Yaquelín López, oriunda de La Paz y radicada en el condado Broward de Florida desde hace 13 años, el programa que beneficiaría a padres no era una solución definitiva, pero sí “un alivio para salir de las sombras”, según expresó.
“Tenía muchas esperanzas y ahora me siento desilusionada y triste”, dijo la inmigrante que tiene una hija residente legal, pero se siente “acorralada” por los controles de permisos de trabajo que realizan los empleadores en el estado a través del programa federal E-Verify.
El ecuatoriano Guillermo Pintado, residente en Queens, Nueva York, tiene tres hijos ciudadanos y también contaba con beneficiarse con DAPA.
Igual de frustrada está Karla Cano, de 21 años, madre de un niño de dos años, que habría calificado para la expansión de DACA.
Aunque estudia en la Universidad Mount Mary de Milwaukee, Wisconsin, y aspira a completar una carrera “para ayudar a los demás”, Cano dijo que necesita un permiso de trabajo y la tranquilidad de no ser perseguida.
“Solamente el que vive indocumentado puede entender lo que sufrimos, en un país que ha sido envenenado por la retórica republicana de que venimos a robar empleos”, dijo.
Aunque la decisión del Supremo mantiene el bloqueo a las medidas migratorias del presidente Barack Obama, queda aún vigente el decreto ejecutivo de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) de 2012 y que se renovó en 2014 por tres años más.