23 de octubre de 2020 00:00

Tarifa, recaudo y reorganización de rutas se analizan en el Concejo Metropolitano de Quito

Usuarios utilizaron ayer la parada Naciones Unidas, de la Ecovía, que es parte del sistema municipal. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Usuarios utilizaron ayer la parada Naciones Unidas, de la Ecovía, que es parte del sistema municipal. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Evelyn Jácome
Coordinadora (I)

El proyecto de Ordenanza Metropolitana para crear el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) se debatió ayer en el Concejo de Quito.

La aprobación de la normativa es clave para resolver tres temas pendientes relacionados con la movilidad que el Cabildo ha venido discutiendo desde hace dos administraciones anteriores, y no ha logrado resolver.

Se trata de la fijación de la tarifa del transporte público (lo que incluye el costo del pasaje del Metro), la implementación del sistema integrado de recaudo (con la reestructuración de rutas y frecuencias) y la contratación del operador del Metro.

Los tres temas están atados y, hasta el momento, estancados. Pero con la aprobación de esta ordenanza podrían ser resueltos. La resolución urge ya que en seis meses concluirá la construcción del Metro y, sin una tarifa, sin una interconexión y sin un operador, la obra más importante para la movilidad de la capital no podrá entrar en funcionamiento.

Santiago Guarderas es presidente de la Comisión de Movilidad del Concejo y esta semana fue delegado por el Alcalde para liderar todos los temas relacionados al tránsito y transporte.

Él explica que el proyecto busca la aplicación de un nuevo modelo en el que se interconectarán los viajes del sistema municipal, del Metro, de los buses convencionales y de todos los futuros sistemas de transporte que podrían implementarse.

Guillermo Abad, secretario de Movilidad, indica que el SITP propone que una persona pueda usar un solo método de pago (ya sea con tarjeta de crédito, de débito, celular, billetera electrónica o tarjeta de ciudad) y abordar cualquier bus o tren.

El proyecto incluye la firma de nuevos contratos con los operadores privados.

Los actuales documentos no cuentan con una cláusula que hable sobre los parámetros de calidad que deben cumplir. Los nuevos, en cambio, permitirán medir con indicadores reales la ejecución de los compromisos. Así, los transportistas tendrán una obligación legal de brindar un servicio de calidad.

En el plan expuesto por el vicealcalde se habla de una integración por fases.

La primera entre el sistema municipal y el Metro, y una segunda con el sistema convencional (privado). En una tercera se incorporarán otros sistemas como funiculares o cables.

La propuesta incluye la optimización de rutas y frecuencias. Contempla el análisis del tipo de buses que se requieren. Abad aclara que las rutas y frecuencias son un bien exclusivo del Estado y que solo este las puede explotar, pero en la ciudad se ha hecho lo contrario.

Actualmente, la cobertura con buses llega al 85%. El objetivo es alcanzar el 100% y, en aquellos sectores donde no hay accesos, el 95%.

El borrador de ordenanza propone un método de cálculo de una tarifa técnica. Esta toma en cuenta los costos de operación, la demanda y la tarifa socialmente justa (que los gastos del transporte púbico de una familia no pueden ser superiores al 15% de ingresos del salario básico). Así, cualquier ajuste que sea necesario se hará con base en esa fórmula y no será necesario que el Concejo lo apruebe.

Se presentaron varios escenarios para las tarifas, con distintos subsidios por parte del Municipio. El que la Comisión de Movilidad recomendó fija el pasaje convencional completo en USD 0,35, y el integrado en USD 0,60.

Para que esa tarifa se aplique, el Municipio debería entregar una compensación de USD 45 millones.

Durante la diligencia, estuvieron presentes Ney Jiménez, representante de la Cámara de Transporte de Pasajeros del Distrito (que agrupa al 90% de los operadores de transporte, y Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte.

Ambos se mostraron complacidos con el trabajo realizado en la construcción del borrador de la normativa y aseguraron estar comprometidos y dispuestos a apoyar y trabajar para conseguir un cambio radical en la prestación del servicio a la ciudad.

Finalmente, los concejales resolvieron que la propuesta vuelva a la comisión, que se tome en cuenta todas las recomendaciones de los ediles (presentación de informes y estudios) y luego regrese al Concejo. Según Guarderas, a más tardar la otra semana se realizará el primer debate.

El edil Eduardo del Pozo considera que aprobar la normativa es fundamental, tomando en cuenta que la operación del Metro depende de ella. “Más aún ahora que los multilaterales están presionando para hacerlo”.

Las empresas financistas emitieron una carta en la que recomendaron que el Metro sea operado por una empresa privada, ante una eventual decisión del Municipio de entregar la operación a una entidad pública.

Edison Yánez, gerente del Metro, indica que para lanzar la licitación es necesario tener la política tarifaria y el tiempo sigue corriendo. Según él, la carta señala que operar el Metro por gestión propia toma más tiempo que por alianza estratégica. No obstante, dice que contratar un operador nacional siempre fue el plan b.

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