La Corte Provincial de Pichincha rechazó por segunda vez el pedido del fiscal distrital Marco Freire. Esta ocasión denegó la aplicación de medidas cautelares reales de prohibición de enajenar bienes en contra los implicados en la investigación del contrato del nuevo aeropuerto.
Entre los imputados por presunto peculado están Carlos Jaramillo, María Cárdenas, Wilma Andrade, Paulina Espinosa, Gonzalo Ortiz. También el alcalde electo, Augusto Barrera. Sin embargo, la investigación aún continúa, ya que el Fiscal Distrital tiene hasta el 6 de julio para presentar su dictamen de la instrucción fiscal.
La negativa de los jueces se fundamenta en los art. 191 y 167 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con lo establecido en el art. 76 numeral 2 de la Constitución Política.
Según el documento de la Corte, del análisis de la documentación “se infiere claramente que no hay indicios nuevos y suficientes que establezcan la necesidad de dictar medidas cautelares reales en contra de los bienes de los imputados”.