16 de mayo de 2019 17:50

Mayra Tirira: ‘La Ley de Erradicación de la Violencia de Género es una declaración de buenas intenciones ’

Mayra Tiriria es representante de la Fundación de atención y protección de los derechos humanos Surkuna y vocera de la organización Vivas Nos Queremos.

Mayra Tiriria es representante de la Fundación de atención y protección de los derechos humanos Surkuna y vocera de la organización Vivas Nos Queremos. Foto: EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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Mayra Tiriria es representante de la Fundación de atención y protección de los derechos humanos Surkuna y vocera de la organización Vivas Nos Queremos.

¿Cuál es la realidad de la violencia de género en el país?

La última encuesta nacional que nosotros tenemos dice que seis de cada diez mujeres en el país han sido víctimas de violencia de género. El Estado trabaja en una nueva encuesta acerca de este tema pero estamos seguros que ahí el número aumentará porque las víctimas comienzan ya a reconocerse como víctimas de violencia.

Un año después de la aparición de la Ley contra la violencia de género. ¿Qué ha pasado con la Ley?

El Sistema de erradicación de violencia contra las mujeres ha tenido varios retos. Uno de los principales fue tener un ente rector. Este era el Ministerio de Justicia, pero luego esta institución fue eliminada y la Ley quedó acéfala. Ahora está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, pero no hemos podido ver su consolidación. Con las reducciones presupuestarias del Estado, sabemos que se redujo cerca del 90% del dinero destinado al Plan de erradicación de la violencia contra las mujeres.

¿En un inicio cuál era el plan para reducir los índices de violencia?

El ente rector de esta Ley tenía que encargarse de vigilar que todas las dependencias involucradas como el Consejo de la Judicatura, Fiscalía y Defensoría Pública cumplan con el Sistema de Erradicación de Violencia. En los casos de femicidio fue generar planes de prevención y también se tenía que crear un registro único de casos de violencia de género. Sabemos que el INEN trabaja en un monitoreo de casos. Sin embargo, eso no forma parte de este registro único, porque la Ley no se ha terminado de implementar.

Entonces, ¿la Ley no se ha implementado?

Yo diría que ni siquiera está ejecutándose. La Ley plantea medidas de protección para las mujeres que debían ser dadas por Juntas cantonales de protección y no hemos visto por parte de los candidatos que acaban de ganar las alcaldías ningún interés ni ningún pronunciamiento frente a este tema. A la ley le falta mucho para implementarse y le falta voluntad política.

¿Qué se ha hecho desde su organización?

Nosotros presentamos una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la situación del acceso a la justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia de género, pero el Estado ni siquiera se ha pronunciado sobre este informe de la sociedad civil.

¿Cuál es la realidad del acceso a la Justicia de las víctimas de violencia de género?

El acceso a la Justicia para las mujeres es bastante precario. Por ejemplo las tasas de resolución de casos dicen que al año ingresan cerca de 6 000 denuncias por casos de delitos sexuales de los cuales se resuelven menos del 25%. Eso implica que los casos no se resuelven, es decir, las víctimas no tienen respuesta de sus denuncias.

¿Qué pasa con las fiscalías hay suficientes fiscales especializados en este tema?

Nosotros sabemos que las Fiscalías de Género en Pichincha, por ejemplo, se han reducido. Esto responde también a la formación de los fiscales, por ejemplo yo fui a hablar con una fiscal de género y me dijo que ella no tenía ninguna formación en este tema y que la Fiscalía de Género sólo era de nombre, porque no había fiscalías especializadas.

Entonces, ¿cómo entender la ley?

Intento ser mucho más esperanzadora con la Ley, pero ahora la Ley es una declaración de buenas intenciones que no se ha logrado materializar y que no se va a poder materializar si no existe voluntad política ni presupuesto para la norma.

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