31 de octubre de 2017 16:48

La Superintendencia de Ordenamiento Territorial contará con 430 funcionarios

Fernando Cordero, superintendente de Ordenamiento Territorial, confirmó que la entidad contará con 430 funcionarios. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Fernando Cordero, superintendente de Ordenamiento Territorial, confirmó que la entidad contará con 430 funcionarios. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Redacción Política

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El superintendente de Ordenamiento Territorial, Fernando Cordero, confirmó que están esperando la aprobación del Ministerio de Finanzas, para recibir su presupuesto 2017. En los planes de la entidad están el de contar con 430 funcionarios, un promedio de 35 por cada coordinación zonal. Sin embargo, Cordero no quiso revelar la cifra del monto solicitado a Finanzas.

Explicó que continúan haciendo ajustes para evitar gastos; por ejemplo, las oficinas en Quito y Cuenca no representarán un costo para la entidad, afirmó. Asímismo esperan poder obtener vehículos de las instituciones públicas que han sido suprimidas.

La Superintendencia deberá estar operativa por completo en enero, cuando se cumplen los seis meses que se dictaminaron para su estructuración.

Cordero insistió en que el organismo no tiene fines punitivos, sino que su objetivo es coordinar toda la información nacional pública sobre Ordenamiento Territorial, así como vigilar el cumplimento del marco jurídico.

Para esto indicó que están trabajando con las autoridades locales de todos los niveles de Gobierno. Hoy, 31 de octubre de 2017, mantuvo una cita con los representantes de las juntas parroquiales del Distrito Metropolitano.


Consulta popular y referendo

El Superintendente informó que la Función de Transparencia presentará en estos días un amicus curiae ante la Corte Constitucional (CC), sobre la pregunta referente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Cordero aclaró que no están en contra de la propuesta, pero que creen que hay ciertos factores a tomar en consideración para evitar contradicciones.

Por ejemplo, dijo que según la misma Constitución está prohibido que la Asamblea Nacional designe el reemplazo de ningún miembro de la Función de Transparencia, en caso de ser cesados en funciones. Según el artículo 205.

Y agregó que, también, la propuesta presidencial ocasionaría una duplicación de funciones entre el Legislativo y el Consejo Transitorio, que avaluaría la gestión de las autoridades de Control.

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