22 de agosto de 2018 00:00

El precio de la gasolina súper sube y el del diésel industrial se revisará

Trabajadores y empresarios discrepan sobre el análisis que hace el Gobierno a los subsidios de los combustibles en el país. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

El subsidio a la gasolina súper se revisará por primera vez desde el año 2005. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Redacción Negocios

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El precio de la súper subirá de forma generalizada por primera vez desde el 2005. El ajuste es parte del paquete de medidas económicas que anunció ayer, 21 de agosto del 2018, el presidente Lenín Moreno.

Si bien Petroecuador ajustó progresivamente el precio de la súper en el 2015, lo hizo solo en las gasolineras de su marca para equiparar el valor con las estaciones de la competencia.

Tras la decisión tomada ayer, el precio del galón de súper pasará de entre USD 2,10 y 2,32 por galón -según la estación de servicio- a USD 2,98.

El Jefe de Estado prometió mejorar la calidad de este derivado de 90 a 92 octanos.

El Gobierno reiteró que no tocará el precio del diésel para el transporte público, pero que revisará el subsidio de este combustible para la industria.

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, explicó ayer que los decretos para aplicar la medida se podría emitir en estos días a fin de dar tiempo a las gasolineras y a Petroecuador para aumentar el octanaje.

El precio de la gasolina súper sube y el del diésel industrial se revisará


El ajuste a la súper generará un ahorro de entre USD 120 y 150 millones al año. La cifra representa hasta un 5% del total de gasto de subsidios a los derivados, previstos para el 2018 en unos USD 3 000 millones.

Hasta junio pasado, el Fisco destinó ya USD 907 millones para la importación de diésel, gasolinas y gas; es decir, 403 millones más que en iguales meses del año pasado.

El Gobierno anunció que abrirá un diálogo para discutir el resto de subsidios. El solo anuncio de la revisión del tema había generado rechazo entre trabajadores, que anunciaron movilizaciones.

El paquete de medidas que detalló ayer, 21 de agosto del 2018, el Gobierno incluye nuevos ajustes al gasto, con los cuales espera generar ahorros por otros 960 millones. Entre esas decisiones está la eliminación de siete ministerios más, como el de Justicia e Industrias. Esta última Cartera pasará a Comercio Exterior.

También se suprimirán la Secretaría de Comunicación, el Instituto Espacial, la Secretaría de Límites Internos y otros. El Servicio de Rentas se fusionará con Aduanas, la Secretaría de Riesgos con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Ambiente con la Secretaría del Agua. CNT, Tame y Correos del Ecuador se optimizarán o fusionarán.

El recorte en la burocracia será de unos 900 cargos, en una primera etapa.

El Fisco retirará el personal de seguridad a los funcionarios, a excepción de aquellos con un alto nivel de riesgo.

El plan incluye la venta de 1 000 autos públicos y limites al uso de la figura de contratación directa. Moreno anunció que destinará los ingresos a ayudas para beneficiarios de los bonos de desarrollo humano y adulto mayor. Además, colocará USD 1 300 millones en créditos productivos .

Liquidez está al mínimo

El ajuste cubrirá un pequeño porcentaje de las necesidades fiscales durante este año.

El Fisco requirió entre enero y julio de este año unos USD 2 100 millones por mes para hacer frente a sus gastos, según datos de la ejecución presupuestaria.

Pero la cuenta de Depósitos del Tesoro, que mide el nivel de recursos con los que cuenta el Fisco, cerró el 9 de este mes en USD 652,4 millones.

Otro indicador que muestra la falta de liquidez del Gobierno es el saldo de reservas.

Esa cuenta se ubicó al 9 de agosto pasado en USD 2 648,3 millones, el nivel más bajo desde diciembre del 2017. Esa liquidez no alcanza para cubrir los depósitos bancarios en el Banco Central, que se ubican en USD 4 103 millones.

Esta situación ocurre pese al esfuerzo del Fisco por bajar gastos. El mayor ajuste se dio en obra pública, que cayó de USD 4 340 millones entre enero y julio del 2017 a 3 007 millones en iguales meses de este año. El gasto de bienes y servicios para el Estado se redujo en 240 millones en igual período. Sin embargo, los egresos por salarios subieron un 4%.

El Fisco aún deberá conseguir USD 5 600 millones en financiamiento para cubrir los gastos públicos y pago de deudas durante el resto del año.

Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, cree que las opciones son limitadas. Considera que es bastante probable que el Fisco acumule atrasos este año y busque bonos por hasta USD 3 500 millones.

Otra parte de recursos provendrá de la remisión planteada por la Ley de Fomento Productivo, que se publicó ayer en el Registro Oficial.Por la medida de remisión, se espera recaudar este año USD 602 millones.La Ley también eliminó el techo del 40% de deuda con relación el PIB por tres años.

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