20 de febrero de 2020 10:54

Unos 6,5 millones de sursudaneses, en riesgo de inseguridad alimentaria aguda

Las mujeres preparan cacahuetes crudos para cocinar en Wau.

Las mujeres preparan cacahuetes crudos para cocinar en Wau. Foto: AFP

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Agencia EFE

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió este jueves 20 de febrero de 2020 de que unos 6,5 millones de personas, más de la mitad de la población de Sudán del Sur, podrían estar en situación de inseguridad alimentaria aguda entre mayo y julio, en medio de la baja producción de alimentos tras las inundaciones de 2019 y la actual plaga de langostas.

Según un informe publicado por el Gobierno sursudanés, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), ya en enero de 2019 unos 5,3 millones de sursudaneses tenían dificultades para alimentarse o padecían niveles de "crisis".

Agrega que al menos 1,3 millones de niños sufrirán malnutrición aguda este año (peso muy bajo para su altura y grave atrofia muscular), en un país en el que, conforme a estimaciones de la ONU, más del 73% de los 12,6 millones de habitantes tiene menos de 30 años.

En el documento, Naciones Unidas hace hincapié en "los efectos devastadores" de las inundaciones, que afectaron a casi un millón de personas en 2019, además de los bajos niveles de producción de alimentos y sus elevados precios.

Ahora, Sudán del Sur se enfrenta a una plaga de langostas que podría "empeorar la situación", alertó el representante de la FAO en el país, Meshack Malo.

De acuerdo con la ONU, tras inundaciones o ciclones se pueden producir brotes de estos insectos, que se mueven en enjambres "del tamaño de Manhattan" y pueden comer la misma cantidad de alimentos a diario que unas 35 000 personas.

El director del PMA en Sudán del Sur, Matthew Hollingworth recordó que el país se encuentra "en un momento crucial", pues el próximo día 22 se cumple el plazo para formar un Gobierno de unidad que cumpla los acuerdos de paz para poner fin a un conflicto que, según Naciones Unidas, desde su inicio en 2013 ha causado la muerte de unas 400 000 personas.

Desde la firma del histórico acuerdo en septiembre de 2018 en Adís Abeba, "la producción de cereales ha crecido en un 10% y un entorno más estable ha permitido a algunos agricultores restablecer sus medios de subsistencia", indica el comunicado.

En Ginebra, la comisión de la ONU que investiga la situación en el país denunció que Gobierno y oposición matan de hambre deliberadamente a millones de sursudaneses, lo que podría constituir un crimen contra la humanidad.

"La hambruna deliberada está ocurriendo claramente en zonas con división étnica o política, como una estrategia para marginar a comunidades disidentes", señaló el miembro de la comisión Andrew Clapham, en la presentación de su cuarto informe sobre Sudán del Sur.

Estas prácticas han provocado que más del 55% de los 12 millones de sursudaneses sufra graves problemas de acceso a alimentos, principalmente mujeres y niños, debido, por ejemplo, a la política de no permitir la llegada de ayuda humanitaria a sus comunidades y a numerosos ataques armados contra el ganado que han contribuido a un alarmante aumento de los desplazados, especialmente en las regiones de Ghazal (oeste), Unity (norte) y Jonglei (este).

El texto también denuncia que millones de dólares de las arcas públicas han sido saqueados por altos cargos del Gobierno para su beneficio personal, lo que ha contribuido a perpetuar los extremos niveles de pobreza y la falta de acceso a servicios esenciales como la sanidad o la educación.

El documento, que será debatido en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra el 9 de marzo de 2020, recuerda que las fuerzas tanto del Gobierno como de la oposición siguen reclutando a la fuerza a hombres y menores de hasta 12 años y subraya que la violencia sexual es usada como arma de guerra.

La comisión pide a la Unión Africana y el Gobierno sursudanés que fije un calendario para la creación de un tribunal de transición que juzgue estos hechos, como se fijó en el frágil acuerdo de paz.

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