Óscar Vásquez, de la Fundación Congrega, presentó la semana pasada observaciones al proyecto de ley. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
El costo para el Estado de la implementación del contrato juvenil propuesto en la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Protección del Empleo y Seguro de Desempleo ascenderá a USD 61,3 millones al año.
El dato consta en un estudio del Ministerio del Trabajo. El 23 de febrero, el presidente Rafael Correa envió, con el carácter de económico urgente, esta reforma con el fin de mantener el empleo. Uno de los ejes del proyecto es la figura del contrato juvenil.
Esta modalidad está destinada a jóvenes en un rango de edad de 18 a 24 años.
El proyecto establece que el pago del aporte del empleador a la seguridad social bajo esta modalidad contractual será cubierto por el Estado cuando el trabajador gane hasta dos salarios básicos unificados por un año (USD 732).
El Estado entregará el beneficio siempre y cuando los contratos juveniles no superen el 20% total de la nómina en una empresa. Los contratos deben tener una estabilidad, al menos, de 12 meses.
El artículo propuesto señala, además, que el convenio busca garantizar el acceso al primer empleo de esa población.
Según un estudio elaborado por el Ministerio del Trabajo, el subsidio estatal para financiar los aportes patronales de los contratos juveniles por año será de USD 61,3 millones.
La Cartera de Estado toma en cuenta una población de
62 619 personas de entre 18 y 24 años sin experiencia laboral. Pero la Secretaría de Estado aclaró que el valor podría ser menor, ya que el estudio contempla el tope máximo de dos salarios, pero la remuneración puede ser más baja.
Durante el debate en la Asamblea, legisladores, empresarios y grupos de jóvenes plantearon que el incentivo se amplíe para beneficiar a trabajadores de hasta 26 años.
Según la simulación del Ministerio del Trabajo, si la edad para recibir el beneficio se amplía, el costo para el Estado subiría a USD 70,4 millones.
El ministro de Finanzas, Fausto Herrera, señaló días atrás que analizarán “si el Estado puede correr con ese gasto adicional. Vamos a ver si podemos llegar a 26 años”.
Para Josué Sánchez, estudiante de medicina en la Universidad Central señala que el incentivo estatal para la afiliación patronal de los jóvenes que obtengan su primer empleo es una intención positiva del Gobierno. Sin embargo, considera que este aporte debería prolongarse máximo hasta tres años con miras a que el trabajador consiga una estabilidad laboral.
La Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador propuso la construcción de una bolsa de empleo para facilitar el funcionamiento del contrato juvenil.
Erik Mozo, presidente de este gremio, pidió, además, que el número máximo de contratos juveniles planteados en el proyecto sea determinado de manera directa por el Ministerio del Trabajo.
Alejandro Salazar, secretario general de la Juventud Comunista del Ecuador, mencionó que se debe analizar las realidades socioeconómicas de los jóvenes, muchos de los cuales ya han tenido empleos ocasionales y que no se beneficiarán de la medida.
“Si quieren ser contratados bajo esta nueva modalidad ya no podrán hacerlo porque la contratación juvenil es solo para el primer empleo y jóvenes sin experiencia”.
Para Roberto Aspiazu, del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), los contratos juveniles debieran tener condiciones particulares en cuanto a la terminación del mismo, con la finalidad de que el desahucio no sea tan costoso para las firmas.
Solicitó que el incentivo estatal para estos contratos se amplíe a los 26 años. Santiago Sghirla, presidente de la firma Agroprecisión, que realizar mapas georreferenciales, está interesado en este tipo de contrato. Dice que necesita gente joven que aunque no tengan experiencia quiera hacer carrera en la firma.