El ligero aumento del precio del petróleo durante esta semana (sobre 50 dólares por barril) puede crear falsas expectativas. Y no porque no pueda llegar en un futuro cercano a los niveles previstos en el Presupuesto del Estado para este año (79,7), sino porque el panorama económico del país no volverá a ser el mismo. Las medidas adoptadas para paliar el déficit fiscal traen consecuencias inmediatas y de largo plazo.
El endeudamiento agresivo, pese a encontrarse por debajo del límite legal (un antojadizo 40% del PIB), impactará necesariamente en el flujo de recursos de la caja estatal y tarde o temprano obligará a un redimensionamiento del aparataje burocrático y a un ajuste de las prioridades del gasto y de la inversión del sector público. Esto incluye por supuesto un cambio del modelo subsidiario del Estado que permita una ayuda pública focalizada solo en los sectores poblacionales más pobres del Ecuador.
Aunque el índice de inflación de marzo no evidenció aumento de los precios por las salvaguardias arancelarias, es posible que el alza se vaya decantando en los próximos meses. Más allá de eso, hay un impacto claro en las actividades importadoras y una gran presión para la industria local, que debe mejorar su capacidad de producción para suplir una eventual escasez de bienes del exterior.
Por último, la reforma laboral que en sus principales objetivos busca aliviar una carga anual de más de mil millones de dólares al Estado por la eliminación del 40% del aporte a la pensiones de jubilación del IESS, supone un grave riesgo para el sistema de seguridad social que se verá abocado a reformas que impactarán en el mercado de trabajo con una posible mayor carga impositiva para empleadores y empleados.
Así que, aunque suba el precio del crudo hay una lección que aprender; sería una necedad volver a un modelo dependiente de un mercado volátil como la principal fuente para financiar los aún exagerados gastos estatales.