El 17 de agosto en rueda de prensa, representantes del barrio Bolaños y el Comité ‘Error Vial Guayasamín’ señalaron su posición en contra de los cambios en el proyecto anunciados por el Municipio de Quito. Foto: El Comercio
Cerca de 15 representantes del barrio Bolaños y el Comité ‘Error Vial Guayasamín’, tramitan desde el lunes 15 de agosto del 2016, una acción de protección contra el Municipio de Quito para detener el proyecto Solución Vial Guayasmín.
El 17 de agosto de 2016 en rueda de prensa, señalaron su posición en contra de los cambios en el proyecto anunciados por el Cabildo.
Según el abogado Mario Carrera, esta acción se presentó para detener los trabajos, con el objetivo de entablar un diálogo que incluya una nueva visión y acuerdos sobre el proyecto.
“Los argumentos presentados para la acción de protección son sobre todo de carácter constitucional. Apelamos al hecho de que no se recibió la información oportuna por parte del Municipio, a la afectación a los moradores del barrio Bolaños, quienes son habitantes ancestrales del lugar y a la vulneración de los derechos de la naturaleza, al talar árboles y no tener un estudio de impacto ambiental”, relató Carrera.
En el documento presentado, se detalla que les fue negado el derecho a ser informados oportunamente. Afirman que el contrato para la ejecución de la obra se firmó en abril, mientras que la información y las mesas de trabajo iniciaron en julio.
En lo que respecta al barrio Bolaños, la acción de protección argumenta que los moradores, descendientes de pueblos asentados en terrenos heredados ancestralmente, serían los afectados. Esto con base en que la Constitución les reconoce y garantiza “conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, las cuales serán inalienables, inembargables e indivisibles”.
Para sustentar esto, Carrera presentó un título de propiedad otorgado hace 90 años, en el cual se establece que “los moradores poseen desde tiempos inmemoriales y en común, una cantidad de terrenos situados en la parroquia de Guápulo”.
Según Veronica Ninagualpa, representante del barrio Bolaños, las 15 familias que serían afectadas, son las más grandes y representan cerca del 50% del barrio.
Sobre los derechos de la naturaleza, el documento señala que “no existe ninguna medida del Municipio que demuestre que haya realizado acciones que impidan la destrucción de ecosistemas o alteración permanente de ciclos naturales, como lo establece la Constitución”.
Respecto a los cambios anunciados al proyecto por el Municipio, Lorena Barrezueta, del Comité ‘Error Vial Guayasamín’, señaló que en las mesas de trabajo organizadas por el Colegio de Arquitectos, no se acordaron las modificaciones. “En esas mesas señalamos que debía suspenderse la obra. Los cambios nos parecen más atentatorios que en el primer proyecto”.
Según Carrera, el pronunciamiento del juez a cargo de la acción de protección, no debería demorar más de 10 días.