Miguel A. Farra N.
El primer requisito está concedido desde la reunión en la República Dominicana: Uribe aceptó no volver a violar la soberanía territorial, pues Ecuador no representa ningún peligro; este, el peligro, está en su territorio: FARC.
Queda en claro que el establecimiento de las bases norteamericanas es un acuerdo bilateral de ambos países soberanos a respetar y, además, cosa juzgada.
Ningún país que respete la soberanía de los otros debe inmiscuirse en un acuerdo bilateral.
El segundo es una mutua obligación llevarlo a efecto, siempre y cuando no vuelvan las FARC a establecer otro campamento en el territorio nuestro.
En cuanto a la entrega de toda la información sobre Angostura, estimo que se realizará sin inconvenientes, pues la gran mayoría ha sido entregada al Gobierno, así como a las organizaciones internacionales que velan por la paz de sus Estados. Colombia ha probado que no hubo intervención de terceros países (Estados Unidos).
El cuarto requerimiento es el punto neurálgico de toda controversia y donde encuentro una contradicción del Gobierno: al país entero le interesa conocer la verdad y así lo han manifestado nuestras autoridades, lo que da al traste con su principio de “siempre la verdad” (se ofreció públicas disculpas a Chauvín; se atendió a Lucía Morett, cuyo padre nos pone juicio, se metió la mano al fuego por Larrea).
Además, a nivel internacional, compete a la OEA seguir con las averiguaciones pertinentes al esclarecimiento de la verdad (quien no la hace, no la teme).
El último, el compromiso humanitario de Colombia en materia de refugio internacional, deberá ser aceptado, aunque del Ecuador no se busca refugio, no obstante que Colombia no aceptará el ingreso a su territorio de ecuatorianos “sin pasado judicial”.