Solórzano es testigo protegido del Estado

Jaime Solórzano Ycaza está en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

Fue acogido, después de que denunció públicamente los supuestos pagos a funcionarios públicos por parte de la empresa peruana Invermun, para que les deje operar sus máquinas tragamonedas en el país.

Ayer fue llevado a la oficina del fiscal Henry Cáliz. Debía declarar en la indagación que el judicial le abrió por una denuncia de presunta extorsión, presentada por el gerente de Invermun, Víctor Lescano.

Pero la diligencia no se realizó, porque no apareció el abogado defensor de Solórzano.

Fabricio Correa, hermano del Presidente, coincidió con Solórzano después de dar su versión ante el fiscal Edmundo Briones, quien también indaga a Solórzano por decir que los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, secretarios de la Administración y Comunicación, supuestamente recibieron dinero de Invermun.

“Me extraña que a estas alturas no tengamos una instrucción fiscal con pedido de detención de estos ciudadanos que han ido en contra de la disposición gubernamental de decomisar las máquinas y destruirlas porque actúan al margen de la Ley y genera recursos por USD 500 millones al año”, manifestó Fabricio Correa.

Dijo que el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, supuestamente envía oficios con papelería de la Presidencia a los fiscales para amedrentarlos. Pero no exhibió documentos.

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