Cuando se habla de Solca, la referencia más inmediata es cáncer, una de las enfermedades que afecta a personas de toda condición social. Por cerca de medio siglo, esta entidad privada ha sido una de las protagonistas de la información.
Su crecimiento, que va desde pequeños dispensarios en Guayaquil y Quito hasta modernos hospitales, han sido registrados en las páginas de EL COMERCIO, al igual que sus programas sociales y sus renovación y modernización en cuanto a equipos.
A través de noticias, crónicas o entrevistas se han registrado, por ejemplo, los programas sociales que tiene, permitiendo, en la medida de lo posible, que la atención llegue a la mayor parte de afectados, teniendo en cuenta su condición social. También se registraron hechos importantes como lo fue la inauguración, en enero de 2000, del hospital de Quito, con la habilitación de 30 consultorios y 160 camas.
Otros hechos registrados fueron, por ejemplo, los nuevos tratamientos de los tumores malignos. Uno de ellos es la aplicación de anticuerpos monoclonales que destruyen solamente a las células malignas sin afectar a los benignos. Las aulas hospitalarias son también hechos registrados en nuestras páginas.
Entrevista a Manuela Gallegos. Fundadora de Alianza País
‘La comunicación es parte del proyecto de Alianza País’
Redacción Judicial
¿Desde afuera cómo ve el debate de la nueva Ley de la Comunicación en la Asamblea Nacional?
Yo creo que el tema de la comunicación es muy importante para las libertades ciudadanas, pero entendido como un concepto amplio de libertad; debemos pensar desde la sociedad hacia el individuo y no al revés. Tenemos diferentes tipos de acceso a la información, no podemos hablar de una persona de clase media urbana igual que una persona que vive en una comunidad rural. Por otro lado, el uso que se le ha dado a la comunicación no ha respondido a lo que debería ser. Es decir, la implicación social del uso de estos espacios y el contenido de la comunicación.
¿Por qué está aquí?
Su experiencia. Manuela Gallegos Anda fue una de las fundadoras del Movimiento Alianza País, que auspició la candidatura de Rafael Correa en 2006. En 2008 asumió la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. Actualmente no ejerce ningún cargo público.¿Usted cree que la nueva Ley va a corregir estas desigualdades en el acceso a la información?
Es un imperativo tener una Ley que nos garantice el derecho constitucional de acceso a la información, y creo que la Ley tiene que ser orgánica para que esté de tal forma constituida para que nos dé las garantías en el más amplio espectro. Además, considero que la Ley debe garantizar ese derecho a todos los ecuatorianos en todo los sectores del país, y no solo a nivel urbano. Además, la Ley debe garantizar los otros derechos constitucionales, como las lenguas ancestrales, porque el español no lo hablan todos los ecuatorianos, pues hay lugares en donde tenemos otras lenguas, como el quichua y debe haber políticas de comunicación dirigida a esa población, tomando en cuenta su cosmovisión.
¿La Ley va a limitar el derecho a la información?
He vivido en carne propia la distorsión de la comunicación, cuando un periodista de un canal de TV (Jorge Ortiz), irresponsablemente, dijo hace dos años que alguien comentó que yo estaba entregando armas al pueblo y, hasta ahora, no ha probado su afirmación. Algunos periodistas se basan en expresiones como ‘me han dicho’, ‘he oído’, ‘he conocido’, para no responsabilizarse de lo que está diciendo. Con la vigencia de la ley aquellos comunicadores pensarían dos veces antes de hacer una afirmación. La información debe estar basada en hechos reales y no en suposiciones o en rumores.
¿A qué atribuye la oposición que tiene el proyecto de ley de Comunicación?
La oposición va más allá de los contenidos, son intereses de grupos de la comunicación los que se oponen a la Ley. La comunicación debe estar definida con claridad para que garantice los derechos individuales y, sobre todo, los derechos colectivos.
¿Hay el riesgo de que el Gobierno use la Ley para controlar a los medios?
Riesgo hay en todas partes y en todos los espacios, también se ha usado a los medios para defender los intereses de ciertos grupos económicos. Para que la Ley responda al interés de todos los ciudadanos debemos estar vigilantes de que la discusión sea amplia, democrática, participativa y que, realmente, se pueda participar, a través de los espacios que prevé la Constitución, con el fin de que nuestros derechos como individuos y como sociedad estén definidos en la Ley. La participación no solamente es un derecho, sino una obligación ciudadana. Por eso creo que la Ley de Comunicación debe ser responsabilidad de todos, hablamos de la libertad individual, pero no nos involucramos en los temas que se debaten.
¿Cómo se puede garantizar que la Ley no esté al servicio del Gobierno de turno?
No solo del Gobierno de turno, también de los medios privados, porque muchas de las leyes que se han expedido en el país han respondido a sectores interesados en manejar el espacio de la comunicación a través de sus propios medios.
¿El gobierno de Correa tiene un interés especial en que haya la Ley de Comunicación tal como se plantea?
El Gobierno actual representa una tendencia, una visión de vida, que representa un cambio revolucionario, no en el plano de violencia, sino en el plano de ruptura radical de lo que era el Ecuador y creo que uno de los temas fundamentales de ese cambio es el tema de la comunicación y el acceso a la información. Entonces, el cambio en el manejo de la comunicación es parte fundamental de nuestra propuesta.
¿El control de los medios permitirá al Gobierno sostener su proyecto político?
Creo que debe ser derecho del pueblo tener medios públicos porque es la forma de garantizar el acceso a la información con libertad. Creo que es importante que tengamos medios públicos, pero cómo se los utilice debe regularse en la Ley.
¿Es una ley es mordaza para los medios privados?
No creo que sea una ley mordaza como dicen ciertos sectores que se oponen a la propuesta. Lo que están defendiendo son sus privilegios no solo de comunicar de la forma que quieren, sino sus privilegios que están detrás del contenido de la comunicación.