Las cámaras de seguridad que se instalaron en los taxis y buses de transporte público hace una década permitieron neutralizar delitos contra conductores y pasajeros.
Episodios violentos, como el de choferes decapitados y ocupantes asaltados, fueron registrados por este sistema denominado Transporte Seguro.
En 2012, cuando empezó su operación con un monitoreo desde el ECU-911, unos 38 000 taxis y 17 000 buses se beneficiaron de kits de seguridad que sirvieron para disuadir a delincuentes o grabar hechos consumados que luego permitieron la captura de los autores de los delitos.
Actualmente este sistema, que incluye GPS, botones de pánico, sensores y pequeñas plantas de reserva de energía eléctrica, funciona a medias o fue desinstalado por los mismos transportistas.
El Estado invirtió entre 2012 y 2014, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, USD 191,6 millones en esta tarea.
Estos recursos ahora pudieran no estar justificados por la falta de mantenimiento de los aparatos, que limitó su funcionamiento.
Gremios de taxistas y de buses de Esmeraldas, Portoviejo, Santo Domingo y Ambato coinciden en que hay casos en los que estos equipos solo son un accesorio más, porque no cumplen su objetivo.
Y si bien el monitoreo aún se brinda, hay aparatos que no están operativos y por tanto el sistema, a cargo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), está subutilizado.
La tecnología para ese rastreo tiene intermitencias, reconoció a este Diario la entidad, cuyos funcionarios dan soporte desde cuatro estaciones ECU-911 del país.
La plataforma “se encuentra funcionando con ciertas intermitencias, debido a los años de uso y vigencia tecnológica”, aseguró la ANT.
Sin diagnóstico real
La ANT no tiene datos sobre cuántos kits de seguridad dejaron de funcionar en esta década. “Al ser dispositivos tecnológicos, pueden dejar de operar en cualquier instante; sin embargo, por este motivo existen talleres autorizados para el mantenimiento de los mismos; es allí donde se valida si están operativos, se brinda soporte y se verifica la conexión con la plataforma”.
Se refiere a los 29 centros en 16 provincias, donde se da mantenimiento, se instalan o se retiran.
En Portoviejo, 975 de los 1 950 taxis no tienen el sistema operativo, según el gremio de la capital de Manabí.
El dirigente Paúl Cedeño dice que cuando piden que los ayuden con revisión, les dicen que vayan a Quito y que envíen oficios al ECU-911 de la capital, para que ahí les autoricen.
Por ello, pide que el software sea transferido a la Unión Provincial de Taxis, donde además hay un taller homologado, pero sus técnicos no pueden intervenir en los carros por los trámites burocráticos.
Control en territorio
Edmundo Prado, dirigente del taxismo en Esmeraldas, asegura que este seguimiento antes se lo hacía en cada provincia. Eso permitía que la Policía actuara en menor tiempo.
Ahora, el requerimiento se traslada al ECU-911 de Loja. Es decir, que la emergencia en el norte del país se atiende en el sur del Ecuador. Y “mientras, puede pasar de todo”, dice Prado.
Algo parecido sucede en otras regiones: desde Cuenca se atiende a los conductores de Manabí; en Riobamba se verifica los casos de Los Ríos y Quito lo hace con los de Carchi. Los operadores de los cuatro ECU-911 tienen la disposición de atender a otras 19 provincias.