La periodista Gabriela Vivanco leyó el informe sobre libertad de prensa del Ecuador, el sábado. Fotos: Luis Eduardo Noriega / EFE
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) resolvió el lunes, 16 de abril del 2018, “repudiar el brutal asesinato de periodistas ecuatorianos en manos de criminales y narcotraficantes”. Este hecho “evidencia el riesgo extremo para ejercer la labor periodística en las zonas fronterizas de Ecuador y Colombia”. Así arrancan las conclusiones de su Reunión de Mitad de Año.
El caso del equipo periodístico de EL COMERCIO, secuestrado en Mataje (Esmeraldas) el 26 de marzo, fue el tema central de la cita internacional. La SIP se instaló el viernes, en Medellín, precisamente el día en que el presidente Lenín Moreno confirmaba que el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra habían sido asesinados por un grupo disidente de las FARC.
La segunda resolución es acompañar a la prensa ecuatoriana en sus esfuerzos por continuar informando a la población y proteger a los periodistas, así como insistir al Gobierno y autoridades militares y seccionales del país para que garanticen la seguridad de medios y trabajadores de prensa.
La SIP mostró su solidaridad con Ecuador. El organismo, además, apoyó la suscripción de un acuerdo entre los periodistas colombianos y ecuatorianos para cubrir la información de la frontera de forma conjunta. Esto “es una reacción para que esa historia que le costó la vida a nuestros colegas sea documentada y conocida por todos”.
Los últimos dos puntos de la resolución se refieren a la situación de la libertad de información y expresión en el país. Los miembros de la SIP piden al Primer Mandatario y a la Asamblea Nacional que se emprenda “una reforma profunda al marco legal vigente”, que garantice esos dos derechos y que se ajusten a los tratados internacionales.
El organismo enviará una misión “urgente” de autoridades de la SIP a Ecuador para analizar “la gravedad de la situación de la seguridad de los periodistas y de la libertad de prensa”. El objetivo es comprometer a todos los poderes del Estado con el ejercicio de los derechos de libre expresión y acceso a la información.
El Gobierno del presidente Lenín Moreno ofreció, desde la campaña electoral, revisar la Ley de Comunicación. Incluso, el secretario particular del Presidente, Juan Sebastián Roldán, dijo en marzo que no descartan derogarla por completo. El proceso de revisión está a cargo del secretario de Comunicación, Andrés Mideros, pero no se han reportado decisiones oficiales respecto a la normativa.
Varios medios internacionales se han pronunciado desde el secuestro y han mostrado su solidaridad. Algunos periodistas han viajado al país para reportar lo sucedido y la situación en la frontera. Un primer grupo prevé salir a Mataje este 17 de abril.
Una comisión
Los familiares de los miembros del equipo periodístico asesinados mientras realizaban sus labores en territorio ecuatoriano, solicitaron la conformación de una comisión independiente que tenga acceso a la documentación reservada del Gobierno, que el presidente Moreno ordenó transparentar.
El objetivo es descubrir cómo realmente ocurrió el secuestro, las comunicaciones durante los días de cautiverio y el asesinato del equipo.
“Entiendo que hay cosas que no se pueden revelar públicamente, por seguridad”, dijo el fin de semana Ricardo Rivas, hermano de Paúl. Pero pidió que se forme una comisión “totalmente independiente”, sin el Gobierno ni la Asamblea, y que cuente con los familiares y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo es que en esta comisión especial se puedan conocer todos los papeles y documentos con sello de reservado. “Así se puede dar paz a las familias”.
Aunque aún no se conocen detalles de cómo se conformaría esta comisión, el presidente Moreno dijo en su enlace de anoche que “respecto a la solicitud de transparencia por parte de los familiares, procederemos de inmediato a dialogar, mañana mismo, y encauzar este legítimo pedido”.
