24 de mayo de 2018 00:00

La SIP seguirá los cambios a la Ley de Comunicación en el país

El miércoles, en la tarde, la directiva de la SIP visitó al personal de diario EL COMERCIO. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

El miércoles, en la tarde, la directiva de la SIP visitó al personal de diario EL COMERCIO. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

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Diego Puente V. y Mario
González. Redactores (I)

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Para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la comunicación es un derecho humano y no un servicio público, como actualmente consta en la Constitución ecuatoriana.

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, felicitó la iniciativa del presidente Lenín Moreno de pedir una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para conocer su criterio al respecto.

“La declaración de la comunicación como un servicio público es un absurdo en el mundo. No existe legislación alguna parecida”, señaló Mohme a su salida de la reunión en la que estuvieron otros integrantes de la SIP. La cita se cumplió la mañana del miércoles 23 de mayo del 2018, en el Palacio de Carondelet. Fue la primera vez, luego de 14 años, que representantes de la SIP dialogaron con un Mandatario.

El pronunciamiento de la Corte entraría al ordenamiento jurídico
ecuatoriano, según indicó Edison Toro, coordinador jurídico de la Secretaría de Comunicación (Secom), el 21 de mayo, en un conversatorio con los medios.

Esta figura de comunicación como un servicio público fue tramitada por la Asamblea e incluida en las enmiendas de diciembre del 2015, en el gobierno de Rafael Correa.

La SIP, por su parte, se comprometió a hacer un seguimiento de lo que ocurra con las reformas legales a la Ley de Comunicación, que fueron enviadas el lunes por el Ejecutivo y que las peticiones de gremios periodísticos sean escuchadas por las autoridades.

Para Mohme, los cambios de la norma se enmarcan en el respeto a la libertad de expresión, según organismos internacionales. Aunque, sin especificar, dijo que aún habrá que realizar “ajustes” en el debate legislativo próximo.

Otro compromiso de la SIP fue enviar al Jefe de Estado la declaración de Chapultepec, que tiene los principios de defensa de libertad de expresión que promulga la organización. Ese documento no fue enviado al presidente Rafael Correa, según comentó Mohme.

Antes de reunirse con Moreno, los representantes de la SIP conversaron con miembros de gremios y organizaciones de la sociedad civil, que participaron de los diálogos para la construcción de las reformas.

En la cita estuvieron presentes Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep); Guadalupe Fierro y César Ulloa, de la Unión Nacional de Periodistas (UNP); y Luis Verdesoto, de la Plataforma de Defensa de la Democracia.

La reunión tuvo la finalidad de manifestar los criterios de estas agrupaciones sobre las reformas a la normativa. Primero, los representantes reconocieron el apoyo de los organismos internacionales como la ONU y la SIP, por haber pronunciado reiteradamente -durante los últimos 10 años- sobre el estado de los derechos a libertad de prensa, opinión y expresión en Ecuador.

Sobre las reformas, según Ulloa, los gremios aplauden la eliminación de la Supercom y de algunas figuras, como el linchamiento mediático.

Pero consideran que no es suficiente, pues faltan otros cambios, por ejemplo que el Cordicom no siga teniendo a su cargo los procesos de adjudicación de frecuencias.

Los colectivos informaron a la SIP que al final del gobierno pasado, el concurso de frecuencias quedó en entredicho por un supuesto tráfico de influencias. Y ahora, con la inclusión de un posible representante de las universidades, con la reforma a la ley no se garantiza la independencia.

La SIP también se reunió con los familiares del equipo periodístico de Diario EL COMERCIO, que fue asesinado en la frontera norte por un grupo de disidentes.

En contexto

Luego de 14 años, los representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa se entrevistaron con un Mandatario ecuatoriano. Tras la cita felicitaron las iniciativas legales para reformar la Ley de Comunicación. Señalaron que harán un seguimiento.

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