21 de August de 2009 00:00

Siete puntos reglamentan el uso de bases militares colombianas

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Santiago Zeas, Corresponsal en Bogotá

Al acuerdo para que tropas de EE.UU. utilicen siete bases colombianas solo le falta la formalidad de la firma de ambos gobiernos.

Pero en los hechos, las Fuerzas Armadas de ambos países ya definieron las líneas maestras del convenio bilateral que regulará el uso de las instalaciones militares de Malambo, Apiay, Palanquero, Tolemaida y Larandia, así como las navales de Cartagena (Caribe) y Bahía Málaga (Pacífico).

En Bogotá, un miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado colombiano confirmó a este Diario los siete puntos centrales del acuerdo bilateral que apunta a combatir al narcotráfico y a la guerrilla.

Su contenido fue explicado la semana pasada a los 13 parlamentarios del organismo legislativo, durante una visita que realizaron a la base de Palanquero.

El primer punto señala que desde las bases colombianas, EE.UU. no podrá realizar operaciones contra terceros países de la región. Según la Casa de Nariño, esta cláusula descarta que el entendimiento militar con Washington tenga por objetivo afectar a algún país vecino de Colombia, como lo ha denunciado  Venezuela.

El segundo ítem dice que no habrá un número fijo de soldados estadounidenses en los siete recintos militares colombianos. Habrá un máximo de 800 militares y 600 contratistas (civiles) de EE.UU. Según adelantó William Brownfield, embajador de EE.UU. en Bogotá, la idea es que las instalaciones sean ocupadas en misiones móviles.

El tercero señala que la inmunidad será exclusiva para las tropas extranjeras, mas no para los contratistas. Se prohíbe la instalación de tribunales militares estadounidenses en Colombia. Brownfield sostuvo que la inmunidad será igual que la de los funcionarios diplomáticos. No obstante, en caso de delitos de extrema gravedad, el Gobierno colombiano puede levantar la exoneración.

El acuerdo también estipula, como cuarto punto, que las misiones de monitoreo de las rutas de la droga podrán realizar operaciones conjuntas con un tercer país en aguas internacionales. Sin embargo, solo podrán ejecutarse por pedido de ese tercer país.

El quinto eje manifiesta que Colombia ejercerá su soberanía en las siete bases. Todas las operaciones que se realicen allí deberán contar con la autorización de  un comandante colombiano de la respectiva base.

El sexto estipula que el Gobierno colombiano también podrá seleccionar qué personal militar y civil puede ingresar a sus instalaciones. Si bien los soldados enviados tendrán el aval del Departamento de Estado, Colombia podrá aprobar su presencia.

Por último, los militares estadounidenses y colombianos compartirán datos de Inteligencia en tiempo real sobre actividades de narcotráfico y terrorismo. Para ello  se crearán mecanismos para el intercambio de información.

Antes de la suscripción oficial del convenio con Washington, debe ser examinado por el Consejo de Estado colombiano. La Constitución señala que el Gobierno debe consultar al organismo antes de tomar decisiones claves. Pero su criterio no es vinculante. De hecho, anoche, el canciller Jaime Bermúdez reiteró que el convenio era un hecho.

Según Colombia, se trata de un acuerdo simplificado que se extiende a los bilaterales vigentes contra el narcotráfico. Específicamente el Acuerdo para la Asistencia de Defensa Mutua de 1952, así como convenios suscritos en 1962, 1974, 2000 y 2004.

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