La revisión de buses, taxis, furgonetas escolares se hace en Guamaní y Carapungo. Se chequean 190 parámetros. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO
El cumplimiento o no de la segunda revisión técnica vehicular para el transporte público: buses, taxis y camiones está por definirse. A dos días que se inicie el período para el segundo control de estas unidades, en Quito, las autoridades y los dirigentes de estos gremios tienen una lectura distinta sobre esta disposición.
En función de la normativa municipal vigente -ordenanzas 213 y 159- la segunda revisión se debe cumplir a partir de julio. Según el esquema les corresponde a los propietarios de los automotores con placas terminadas en 1 y 2. Pero los transportistas que ya aprobaron este trámite no tienen previsto presentarse nuevamente.
Los dirigentes del gremio de taxis y de buses urbano se acogerán a las nuevas reglas de tránsito. Harán solo una revisión técnica anual. Esto es lo que establece el Decreto Ejecutivo 975 del 8 de abril del 2016, y la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), del 16 de junio pasado.
En estas normas se plantea que los automotores de servicio público y comercial, al igual que los particulares, cumplirán anualmente con este trámite. Los propietarios se presentarán en función del último dígito de la placa, uno por cada mes: en febrero los 1, marzo 2… (ver infografía).
Para garantizar el buen estado mecánico de los automotores se realizarán mantenimientos permanentes. “Los propietarios de las unidades amarillas deberán hacer conciencia para brindar un buen servicio”, expresó Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha.
En el servicio de buses urbanos la postura es la misma. “El Concejo capitalino deberá aceptar la nueva disposición legal”, enfatizó Jorge Yánez, presidente de la Corporación de Movilidad de Transporte Urbano de Quito.
Hasta la fecha, 26 443 unidades de transporte público han cumplido con la revisión técnica. Hay 2 273 que no aprobaron y 925 exonerados de este trámite, según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
Para determinar si la segunda revisión técnica se mantiene en la urbe, la Procuraduría Metropolitana analiza las reformas realizadas y las normativas vigentes. En función de la prevalencia de estas disposiciones se decidirá si en julio se presentan por segunda vez los conductores de buses, taxis y camiones, explicó Darío Tapia, secretario de Movilidad.
Mientras no haya un pronunciamiento oficial, los concejales Sergio Garnica (Independiente) y Carlos Páez (Alianza País) expresaron que se deberá acatar la normativa local vigente y cumplir con las dos revisiones técnicas. “El Concejo Metropolitano no ha modificado aún el esquema de este procedimiento”, dijo Garnica.
Para modificar las ordenanzas se requieren de dos debates en el Concejo. Este tema aún no ha sido tratado formalmente. Sin embargo, en la sesión ordinaria del pasado 19 de mayo, el edil Páez y Daniela Chacón, vicealcaldesa de Quito, se pronunciaron a favor de que en la urbe se mantenga la segunda revisión técnica para el transporte público, con el fin de brindar seguridad a los usuarios de estas unidades.
Uno de los argumentos expuestos para no aplicar las reformas planteadas es el uso que tienen estos medios de transporte. El recorrido que se realiza en este tipo de automotores es mayor al que se hace en los carros particulares. Esto implica que las partes mecánicas se desgasten más rápido.
Según información del despacho del concejal Páez, quien fue secretario de Movilidad en la administración municipal anterior, los buses en el Distrito recorren 65 900 kilómetros por año. Los taxis, en cambio, podrían alcanzar los 90 000. Este tipo de automotores recorre tres o cuatro veces más que un vehículo particular liviano. Estos últimos llegan a circular 16 500 km anualmente.
En contexto
La revisión técnica vehicular para el transporte público y comercial fue modificada en abril pasado mediante un Decreto Ejecutivo. La disposición consta en el Registro oficial, pero en Quito aún no se ha dispuesto cumplir con esta medida legal.