28 de diciembre de 2020 00:00

El Servicio de Rehabilitación en Ecuador reconoce 5 escollos

Policías permanecieron en los exteriores de la cárcel de Cotopaxi, el 16 de diciembre, tras el asesinato de 5 internos

Policías permanecieron en los exteriores de la cárcel de Cotopaxi, el 16 de diciembre, tras el asesinato de 5 internos. Foto: Archivo / El Comercio

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Diego Puente
Redactor (I)

El Plan de Acción del Sistema Nacional de Rehabilitación Social ya está en manos de la Corte Constitucional (CC). Ese es el nombre del documento que fue elaborado por el Servicio de Rehabilitación (Snai), para enfrentar la crisis desatada por la violencia en cárceles.

Este Diario accedió al documento de 102 páginas, que fue elaborado luego de que la CC dijera al Gobierno que “la solución a los problemas carcelarios no está en el establecimiento de estados de excepción”. Además, había pedido un plan a mediano y largo plazo, para solventarlos “mediante régimen ordinario”.

En su informe, la entidad a cargo de las penitenciarías detalla estrategias para enfrentar los cinco problemas detectados.

Uno de los principales inconvenientes identificados es el económico. La autoridad carcelaria advierte que si no se entregan los recursos no se ejecutará todo el Plan, que busca erradicar la violencia y mejorar el proceso de reinserción.

Rehabilitación advierte que la CC deberá analizar la propuesta y, mediante una sentencia, declararla de obligatorio cumplimiento, como una prioridad para el Estado.

Para ejecutar todo lo diseñado en el documento, el Servicio de Rehabilitación requiere USD 206,8 millones adicionales a los presupuestos anuales que se fijen hasta el 2025.

¿En qué se prevé invertir el dinero? El mayor rubro servirá para la construcción y readecuación de los centros de rehabilitación. En los archivos que el Snai envió a la CC se adjuntó una matriz con el detalle de los recursos solicitados.

Allí se establecieron USD 165,9 millones para la remodelación de los 36 centros de privación de la libertad que funcionan en la actualidad, la construcción de otros 10 hasta el 2025 y la adquisición de grilletes electrónicos.

La compra de estos dispositivos servirá para que los procesados con prisión preventiva no estén apresados mientras se desarrollan sus juicios.

De acuerdo con el informe enviado a la CC, el 40,1% de los internos no tiene sentencia.

Con las acciones propuestas, el Servicio busca reducir el hacinamiento, que en los últimos diez años aumentó 2,6 veces. Pasó de 14 550 en el 2010 a 38 919 este año. Lo que genera una sobrepoblación del 30,2%.

Otro monto servirá para mejorar la seguridad. Rehabilitación requiere formar y contratar 3 000 agentes penitenciarios en los próximos 10 años. Con este Plan, además se buscan recursos para comprar material antimotines y equipamiento para el personal.

Para enfrentar este escollo, ya se inició un nuevo concurso de selección de guías. Esto, luego de que un proceso anterior, que ya estaba en la última etapa, se suspendiera definitivamente por falta de recursos.

Edmundo Moncayo, director del Snai, cree que con más personal se hubiese podido prevenir hechos violentos como el registrado el 15 de diciembre, en la cárcel de Cotopaxi, en el que murieron cinco presos. Agentes que estuvieron presentes en el motín indicaron que no tenían equipos para controlar los desmanes.

Pero hay otros problemas que son mencionados en el documento remitido a la CC. Allí consta un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que habla de “revisiones invasivas y de cavidades a familiares de internos”.

En las cárceles regionales funcionan escáneres corporales que evitan una manipulación del cuerpo de las visitas por parte del personal de seguridad. Así lo advierte Rehabilitación. La entidad indica que sí se realizan registros manuales a mujeres, pero “excepcionalmente” y que cuando ocurre aquello lo realiza personal femenino de la Policía.

El procedimiento se cumple cuando hay sospechas de que intentan ingresar objetos prohibidos. Estas observaciones serán tratadas en el Organismo Técnico de Rehabilitación, al que pertenece el Snai.

Pese a esos controles, en el interior de las cárceles se encuentran pistolas, cuchillos y celulares. Estos objetos son usados en las riñas. El viernes pasado se detuvo a cinco policías en las cercanías a la cárcel de Daule. Inteligencia Peni­tenciaria los señala por, aparentemente, tratar de ingresar armas y licor.

Los problemas como sobrepoblación, infraestructura insuficiente y falta de personal se recogen en un informe que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1997. Hoy, 23 años después, el Snai reconoce en el Plan de Acción, presentado ante la CC, que el Sistema de Rehabilitación “enfrenta situaciones de similar naturaleza”. Por ello, se han realizado cuatro intervenciones desde el 2007.

La última se registró en agosto de este año y se extendió por tres meses, tras las muertes de 11 presos en la Penitenciaría de Guayaquil. Finalizada la medida, el 9 de noviembre último, la violencia volvió. Además de las muertes en Cotopaxi, en Esmeraldas hubo una riña, el 5 de diciembre, que dejó seis fallecidos.

Ahora, el Director del Snai espera que se entreguen los recursos necesarios para aplicar las estrategias. Señala que, en el último estado de excepción, se han realizado intervenciones en 10 centros carcelarios, incluido el de Guayaquil, conocido como La Roca. Ahí se prevé ingresar a privados de libertad de “difícil adaptación”. También se compraron equipos antimotines y cámaras.

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